L. D. / EP.-
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel Zorrilla, anunció que el Consejo General del Poder Judicial estudiará la posibilidad de que se apliquen a los jueces "incentivos de toda naturaleza", entre ellos económicos, que reduzcan "la propensión a abandonar el País Vasco".
En la reunión se analizó de la situación de los miembros de la Judicatura vasca, una vez transcurrida más de una semana desde el asesinato del magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, cometido por ETA el pasado día 7 en Getxo (Vizcaya).
Asimismo, se pusieron en común las medidas de seguridad que Interior ha decidido adoptar en relación con los miembros de la carrera judicial y se establecieron otras iniciativas que puedan evitar "la movilidad" de los jueces que desarrollan sus labores en el País Vasco, como los incentivos económicos.
Así lo explicó en declaraciones a los periodistas al finalizar la reunión que mantuvo con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, a la que asistieron los presidentes de las tres Audiencias Provinciales vascas y los dos vocales territoriales del Consejo. Zorrilla calificó el encuentro como satisfactorio y opinó que las medidas adoptadas por los gobiernos central y vasco sobre la seguridad de los jueces "ha eliminado un problema", pero son necesarias otras iniciativas.
Estos incentivos, explicó, son "de toda naturaleza" y pretenden reducir "la propensión a abandonar el País Vasco por parte de quienes eventualmente se encuentren insatisfechos y justificadamente incómodos". El presidente del tribunal vasco aclaró que los jueces no tienen complementos por el hecho de trabajar en esta comunidad y que estas retribuciones solicitadas tendrán que estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta ahora, dijo Zorrilla, el interés que prevalecía entre los jueces vascos era el de la seguridad y "las condiciones económicas nunca han ido por delante ni se han antepuesto. Ahora parecen como una consecuencia lógica de una dosis mayor de sacrificio que es necesario soportar".
!-->
En la reunión se analizó de la situación de los miembros de la Judicatura vasca, una vez transcurrida más de una semana desde el asesinato del magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, cometido por ETA el pasado día 7 en Getxo (Vizcaya).
Asimismo, se pusieron en común las medidas de seguridad que Interior ha decidido adoptar en relación con los miembros de la carrera judicial y se establecieron otras iniciativas que puedan evitar "la movilidad" de los jueces que desarrollan sus labores en el País Vasco, como los incentivos económicos.
Así lo explicó en declaraciones a los periodistas al finalizar la reunión que mantuvo con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, a la que asistieron los presidentes de las tres Audiencias Provinciales vascas y los dos vocales territoriales del Consejo. Zorrilla calificó el encuentro como satisfactorio y opinó que las medidas adoptadas por los gobiernos central y vasco sobre la seguridad de los jueces "ha eliminado un problema", pero son necesarias otras iniciativas.
Estos incentivos, explicó, son "de toda naturaleza" y pretenden reducir "la propensión a abandonar el País Vasco por parte de quienes eventualmente se encuentren insatisfechos y justificadamente incómodos". El presidente del tribunal vasco aclaró que los jueces no tienen complementos por el hecho de trabajar en esta comunidad y que estas retribuciones solicitadas tendrán que estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta ahora, dijo Zorrilla, el interés que prevalecía entre los jueces vascos era el de la seguridad y "las condiciones económicas nunca han ido por delante ni se han antepuesto. Ahora parecen como una consecuencia lógica de una dosis mayor de sacrificio que es necesario soportar".
!-->