L. D. / EFE.-
Así lo acordaron en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, presidida por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en la que analizaron los casos ocurridos en el último año que se recogen en un informe elaborado por el Ministerio. De acuerdo con ese documento, desde la última reunión, en septiembre de 2000, ha habido 57 mociones de censura en ayuntamientos españoles, de las que 22 han sido con apoyo de tránsfugas.
El informe no recoge los casos en que, sin mediar moción de censura, un partido logra mantener la alcaldía gracias a concejales provenientes de otros grupos. Los representantes de todos los partidos coincidieron en valorar el Pacto, firmado en 1998, y en que los casos de transfuguismo han sido pocos en este último año en relación con el número total de ayuntamientos.
Tras la reunión, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, explicó que los partidos firmantes han acordado volver a reunirse el 12 de diciembre para repasar la lista de violaciones del Pacto y para estudiar una serie de propuestas para reformarlo, lo que, en su opinión, muestra que existe voluntad no sólo de mantener el acuerdo sino de profundizar en él.
Entre estas propuestas, el PSOE incluye que la comisión de seguimiento se reúna de forma ordinaria cada seis meses y que ese u otro órgano permanente analice cada una de las mociones de censura cuando se tenga conocimiento de su presentación para evaluar si viola o no el Pacto. Según indicó el responsable de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, su formación también ha propuesto limitar el tiempo de presentación de mociones de censura de forma que no puedan votarse en el primer ni en el último año de legislatura y modificar el estatuto del concejal tránsfuga para que no pueda integrarse en ningún grupo ni disfrutar de los beneficios que eso supone.
El PP, a través de su responsable de Política Municipal, Silvia Enseñat, coincidió en la conveniencia de que la Comisión se reúna con más frecuencia o cada vez que se anuncie una moción de censura y abogó por que se cumpla el punto del acuerdo que obliga a los partidos a incluir expresamente en sus estatutos ese tipo de conducta como causa de expediente, cosa que, aseguró, el PP ya ha hecho.
Por parte de Coalición Canaria, Paulino Rivero planteó la creación de la figura del "concejal no adscrito" y una reforma de la ley electoral para impedir que esos ediles puedan ser elegidos alcaldes o integrarse dentro del grupo municipal de gobierno.
Respecto a la lista de casos redactada por el MAP, los partidos políticos tendrán la oportunidad, en la próxima reunión, de plantear casos no recogidos, como el de Tortosa (donde el alcalde socialista se mantiene con el apoyo de escindidos del PP) que ha puesto sobre la mesa la representante popular. Álvaro Cuesta criticó que el caso de Estepona -donde el PP ha desbancado al alcalde socialista con apoyo de ex concejales del GIL- no se califique como transfuguismo sino como "un caso singular" en el documento del MAP, cuando en su opinión es "mas que evidente" que viola los acuerdos.
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El informe no recoge los casos en que, sin mediar moción de censura, un partido logra mantener la alcaldía gracias a concejales provenientes de otros grupos. Los representantes de todos los partidos coincidieron en valorar el Pacto, firmado en 1998, y en que los casos de transfuguismo han sido pocos en este último año en relación con el número total de ayuntamientos.
Tras la reunión, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, explicó que los partidos firmantes han acordado volver a reunirse el 12 de diciembre para repasar la lista de violaciones del Pacto y para estudiar una serie de propuestas para reformarlo, lo que, en su opinión, muestra que existe voluntad no sólo de mantener el acuerdo sino de profundizar en él.
Entre estas propuestas, el PSOE incluye que la comisión de seguimiento se reúna de forma ordinaria cada seis meses y que ese u otro órgano permanente analice cada una de las mociones de censura cuando se tenga conocimiento de su presentación para evaluar si viola o no el Pacto. Según indicó el responsable de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, su formación también ha propuesto limitar el tiempo de presentación de mociones de censura de forma que no puedan votarse en el primer ni en el último año de legislatura y modificar el estatuto del concejal tránsfuga para que no pueda integrarse en ningún grupo ni disfrutar de los beneficios que eso supone.
El PP, a través de su responsable de Política Municipal, Silvia Enseñat, coincidió en la conveniencia de que la Comisión se reúna con más frecuencia o cada vez que se anuncie una moción de censura y abogó por que se cumpla el punto del acuerdo que obliga a los partidos a incluir expresamente en sus estatutos ese tipo de conducta como causa de expediente, cosa que, aseguró, el PP ya ha hecho.
Por parte de Coalición Canaria, Paulino Rivero planteó la creación de la figura del "concejal no adscrito" y una reforma de la ley electoral para impedir que esos ediles puedan ser elegidos alcaldes o integrarse dentro del grupo municipal de gobierno.
Respecto a la lista de casos redactada por el MAP, los partidos políticos tendrán la oportunidad, en la próxima reunión, de plantear casos no recogidos, como el de Tortosa (donde el alcalde socialista se mantiene con el apoyo de escindidos del PP) que ha puesto sobre la mesa la representante popular. Álvaro Cuesta criticó que el caso de Estepona -donde el PP ha desbancado al alcalde socialista con apoyo de ex concejales del GIL- no se califique como transfuguismo sino como "un caso singular" en el documento del MAP, cuando en su opinión es "mas que evidente" que viola los acuerdos.
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