L. D. / EFE.-
Primero, la Cámara rechazó, con los votos de todos los grupos menos Batasuna (PNV, PP, PSE-EE, EA e IU-EB), la proposición presentada por la propia Batasuna en la que ésta demandaba del Parlamento una "clara postura en contra de cualquier intento de dirigido a la ilegalización de Batasuna y/o de cualquier otra organización política o social vasca". Después, tampoco salió adelante una enmienda a la totalidad registrada por PNV, EA e IU-EB, porque se posicionaron en contra populares, socialistas y Batasuna.
En esta enmienda, el tripartito vasco decía que "ninguna formación política que se presente a elecciones democráticas y ostente una representación popular, pueda ser declarada como organización terrorista mientras no haya sido ilegalizada por las instancias judiciales, y se compruebe su participación directa en actos terroristas". Durante el debate, el resto de grupos criticaron a Batasuna, y se produjeron diversos enfrentamientos dialécticos, sobre todo entre PP, PSE por una parte y Batasuna por otra.
Desde el PP, Carlos Urquijo indicó que Batasuna, a cuyos miembros calificó de "cómplices de ETA", "está preocupada porque se le acaba el tiempo de la impunidad" y acusó al tripartito de "decir que quieren acabar con el terrorismo sin incomodar a los cómplices del terror", así como de "negar la evidencia, arropar al frente político de ETA, humillar a las víctimas del terrorismo y dificultar la unidad democrática".
Urquijo acusó a la portavoz de Batasuna, Jone Goirizelaia, de "sentarse a metro y medio de gente que ha ordenado asesinatos y practicado secuestros". La portavoz de Batasuna quiso responder por alusiones, pero el presidente Atutxa lo impidió alegando que Urquijo no había dado nombres.
El socialista Javier Rojo indicó que ninguna formación que no esté implicada en delitos de terrorismo "tiene nada que temer" de las medidas que estudia la Unión Europea, y se dirigió al partido liderado por Arnaldo Otegi para censurar que "ustedes son su propio problema y se dedican a influir en la política con la fuerza del plomo".
Xabier Ormaetxea (PNV) criticó que la "pretensión" del Gobierno central de utilizar un "simple convencimiento moral" para integrar a un grupo político en el listado de la UE demuestra que es "un Gobierno democrático de poca calidad", y acusó a Batasuna de actuar con "cinismo" cuando denuncia el "intento de recorte de las libertades cívicas".
El representante de EA Gorka Knorr acusó a PP y a PSOE de "tratar de condicionar el debate en la UE" y defendió una definición consensuada del delito de terrorismo, aunque matizó que "eso no quiere decir que se deba dar un cheque en blanco a cualquier documento legislativo", al tiempo que consideró que Batasuna tiene "falta de credibilidad" porque "los derechos humanos se defienden siempre y en cualquier sitio".
Desde IU-EB, Antton Karrera incidió en que "sólo el poder judicial puede actuar en estos casos" y agregó que "una cosa es decir que Batasuna tiene que condenar los atentados, y otra es dejarla fuera de la ley de golpe".
Jone Goirizelaia (Batasuna) aseguró que, con las medidas que estudia la Unión Europea, "cualquiera puede ser considerado terrorista sin saberlo siquiera" y aseguró que "lo que se está tratando de hacer es dar cobertura legar y formalizar un estado de excepción europeo". Además, aseguró que habían votado en contra de la propuesta de PNV-EA-IU porque "es un sarcasmo dejar la ilegalización en manos de los jueces".
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En esta enmienda, el tripartito vasco decía que "ninguna formación política que se presente a elecciones democráticas y ostente una representación popular, pueda ser declarada como organización terrorista mientras no haya sido ilegalizada por las instancias judiciales, y se compruebe su participación directa en actos terroristas". Durante el debate, el resto de grupos criticaron a Batasuna, y se produjeron diversos enfrentamientos dialécticos, sobre todo entre PP, PSE por una parte y Batasuna por otra.
Desde el PP, Carlos Urquijo indicó que Batasuna, a cuyos miembros calificó de "cómplices de ETA", "está preocupada porque se le acaba el tiempo de la impunidad" y acusó al tripartito de "decir que quieren acabar con el terrorismo sin incomodar a los cómplices del terror", así como de "negar la evidencia, arropar al frente político de ETA, humillar a las víctimas del terrorismo y dificultar la unidad democrática".
Urquijo acusó a la portavoz de Batasuna, Jone Goirizelaia, de "sentarse a metro y medio de gente que ha ordenado asesinatos y practicado secuestros". La portavoz de Batasuna quiso responder por alusiones, pero el presidente Atutxa lo impidió alegando que Urquijo no había dado nombres.
El socialista Javier Rojo indicó que ninguna formación que no esté implicada en delitos de terrorismo "tiene nada que temer" de las medidas que estudia la Unión Europea, y se dirigió al partido liderado por Arnaldo Otegi para censurar que "ustedes son su propio problema y se dedican a influir en la política con la fuerza del plomo".
Xabier Ormaetxea (PNV) criticó que la "pretensión" del Gobierno central de utilizar un "simple convencimiento moral" para integrar a un grupo político en el listado de la UE demuestra que es "un Gobierno democrático de poca calidad", y acusó a Batasuna de actuar con "cinismo" cuando denuncia el "intento de recorte de las libertades cívicas".
El representante de EA Gorka Knorr acusó a PP y a PSOE de "tratar de condicionar el debate en la UE" y defendió una definición consensuada del delito de terrorismo, aunque matizó que "eso no quiere decir que se deba dar un cheque en blanco a cualquier documento legislativo", al tiempo que consideró que Batasuna tiene "falta de credibilidad" porque "los derechos humanos se defienden siempre y en cualquier sitio".
Desde IU-EB, Antton Karrera incidió en que "sólo el poder judicial puede actuar en estos casos" y agregó que "una cosa es decir que Batasuna tiene que condenar los atentados, y otra es dejarla fuera de la ley de golpe".
Jone Goirizelaia (Batasuna) aseguró que, con las medidas que estudia la Unión Europea, "cualquiera puede ser considerado terrorista sin saberlo siquiera" y aseguró que "lo que se está tratando de hacer es dar cobertura legar y formalizar un estado de excepción europeo". Además, aseguró que habían votado en contra de la propuesta de PNV-EA-IU porque "es un sarcasmo dejar la ilegalización en manos de los jueces".
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