L.D. / EFE.-
La presidencia busca una fórmula de compromiso para levantar las reticencias de Italia por lo que la futura euro-orden podría no aplicarse a los delitos cometidos antes de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.
Al menos eso es lo que querrían ahora las autoridades italianas, que el pasado 16 de noviembre bloquearon un acuerdo de principio entre los ministros de Justicia e Interior de la UE sobre el campo de aplicación de la futura euro-orden, en el que se hacía referencia 30 delitos, entre ellos terrorismo, corrupción y blanqueo.
Italia reclamó ese día que la euro-orden se aplique a los seis delitos están contemplados en el acuerdo de detención y entrega suscrito el año pasado con España: crimen organizado, terrorismo, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes o armas y trata de seres humanos.
Desde entonces, el ministro belga de Justicia, Marc Verwilghen, mantiene intensos contactos con su colega italiano, Roberto Castelli, para intentar convencerle de que levante sus reservas y que los Quince puedan cerrar un acuerdo sobre la euro-orden este jueves en Bruselas.
Por su parte, Francia propone que la euro-orden, que los Quince deberán haber transpuesto a sus legislaciones nacionales a más tardar a finales de 2003, se aplique a los delitos cometidos desde el Tratado de Maastricht, que fue firmado en 1992 y entró en vigor en 1993. Austria propone que se aplique a los delitos cometidos desde el Tratado de Amsterdam, que fue suscrito en 1997 y entró en vigor en 1999.
Mientras tanto, los embajadores de los quince países miembros de la UE continúan negociando a contrarreloj para intentar superar los obstáculos que quedan de cara a la reunión que mantendrán este jueves, los ministros de Justicia e Interior. El Consejo de Ministros debería alcanzar un acuerdo global sobre la orden europea de detención y entrega y sobre una definición común de terrorismo y la armonización de sanciones contra ese delito.
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Al menos eso es lo que querrían ahora las autoridades italianas, que el pasado 16 de noviembre bloquearon un acuerdo de principio entre los ministros de Justicia e Interior de la UE sobre el campo de aplicación de la futura euro-orden, en el que se hacía referencia 30 delitos, entre ellos terrorismo, corrupción y blanqueo.
Italia reclamó ese día que la euro-orden se aplique a los seis delitos están contemplados en el acuerdo de detención y entrega suscrito el año pasado con España: crimen organizado, terrorismo, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes o armas y trata de seres humanos.
Desde entonces, el ministro belga de Justicia, Marc Verwilghen, mantiene intensos contactos con su colega italiano, Roberto Castelli, para intentar convencerle de que levante sus reservas y que los Quince puedan cerrar un acuerdo sobre la euro-orden este jueves en Bruselas.
Por su parte, Francia propone que la euro-orden, que los Quince deberán haber transpuesto a sus legislaciones nacionales a más tardar a finales de 2003, se aplique a los delitos cometidos desde el Tratado de Maastricht, que fue firmado en 1992 y entró en vigor en 1993. Austria propone que se aplique a los delitos cometidos desde el Tratado de Amsterdam, que fue suscrito en 1997 y entró en vigor en 1999.
Mientras tanto, los embajadores de los quince países miembros de la UE continúan negociando a contrarreloj para intentar superar los obstáculos que quedan de cara a la reunión que mantendrán este jueves, los ministros de Justicia e Interior. El Consejo de Ministros debería alcanzar un acuerdo global sobre la orden europea de detención y entrega y sobre una definición común de terrorismo y la armonización de sanciones contra ese delito.
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