Policía contra ETA y política contra el PNV

La detención en Burdeos de los dos máximos dirigentes de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, es la noticia más destacada en todas las portadas de la prensa de este martes. Menos destacada, aunque también presente en todas ellas, está la supuesta aceptación por parte de Bagdad del regreso incondicional de los inspectores de armamento de la ONU. Alguna portada y varios editoriales hacen también referencia a la apertura del nuevo año judicial y al discurso del presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando.

La noticia de las detenciones de los etarras en Francia son tratadas conjuntamente con el acoso legal contra Batasuna. Frente al nuevo revés policial de la banda, que mengua su capacidad operativa, ABC acertadamente recuerda que “la historia reciente del País Vasco muestra que los momentos de crisis de ETA han sido superados gracias a una oportuna colaboración con el nacionalismo. Así fue, por ejemplo, en 1998, con el pacto secreto de la banda y el acuerdo de Estella”. Con cierto eufemismo, su editorial señala que, “en la lucha contra el terrorismo, el Estado tiene poco que agradecer al PNV. Hoy mismo –concluye ABC–, en el Parlamento vasco podrá comprobarse si la crisis de ETA y de Batasuna es para el PNV una ocasión para recuperar la normalidad democrática en el País vasco o, por el contrario, un contratiempo para la estrategia soberanista, en la que caben todos los nacionalistas, incluidos los violentos”.

El Mundo, para variar, no tiene las cosas tan claras. “La cuestión es compleja –dice–, ya que, por un lado, parece lógico que un partido que ha sido suspendido por estar supeditado a ETA no tenga un grupo parlamentario o se pueda beneficiar de las ventajas de la legalidad. Pero, por otro, los diputados son elegidos a título individual, responden a un mandato de los electores y gozan de fuero para ejercer su labor. Ninguno de los representantes de Batasuna en Vitoria está imputado o ha sido suspendido, por lo que difícilmente se les puede negar el derecho a formar un grupo parlamentario”.

¿Cómo que difícilmente? ¿Qué dificultad ha tenido el Parlamento navarro para dejar a Batasuna sin grupo parlamentario y cortarle las subvenciones? La única “dificultad” se encuentra en no tener voluntad de hacerlo. Sin duda, también hay que imputar a titulo individual a los representantes de Batasuna, para lo cual es imprescindible poner fin a su condición de aforados. Pero a la espera de ello, ya tiene toda la lógica dejar a Batasuna como formación suspendida también, y sobre todo, en los Parlamentos.

La voluntad de los nacionalistas es manifiestamente contraria a dejar a Batasuna sin grupo propio. Lo que pasa es que no tienen margen de maniobra, pues el propio servicio jurídico de la Cámara, como señala El Mundo, indica que se ha de acatar imperativamente lo decidido por Garzón. Y esto es necesario advertirlo ahora porque mucha prensa, cuando los nacionalistas se limitan a cumplir, aunque sea con nula diligencia y a regañadientes, lo que por ley no tienen más remedio que hacer, lo celebran como si de una conversión se tratara. Después de la vergonzosa actuación del Gobierno de Ibarretxe ante la manifestación pro Batasuna, increíblemente La Razón ponía al lehendakari “en alza”. En lugar de prohibir la convocatoria como el juez exigía, el Gobierno vasco toleró y animó los preparativos de la misma y esperó a que todos los simpatizantes de Batasuna estuvieran en la calle para, a mitad de la marcha, hacer intervenir a la Ertzaintza. No hacerlo hubiera significado asumir institucionalmente la rebelión contra la ley y el riesgo de perder las competencias para hacerla cumplir. Esperando a que los partidarios de Batasuna se reunieran en la calle, evitaba ese riesgo y al mismo tiempo evidenciaba la “contestación social” a la ley y el carácter “represivo” de la misma.

Pues bien, tras esa cínica actuación del Gobierno de Ibarretxe, ahora vuelve a salir Arenas ofreciendo “diálogo” al Gobierno vasco y mostrando la disposición del Gobierno Central a negociar nuevas competencias. A entregarlas, claro. Así, gracias a la estupidez de mucho listillo del PP, se abre la puerta para que los nacionalistas aparezcan como “conseguidores” de competencias que sólo ellos son capaces de arrancar. En lugar de mantener permanentemente sobre ellos la amenaza de la suspensión de competencias, el PP baraja la posibilidad de entregar nuevas a un partido que no se cansa de repetir que comparte los mismos objetivos secesionistas de ETA. No es que el PP crea en la conversión del PNV. Es que prefiere tenerlo con la careta puesta. Arenas se cree que astutamente aplica el principio del palo y la zanahoria, pero a la postre así sólo se reedita el del árbol y las nueces.

Las asignaturas pendientes de la Justicia

Son varios los diarios que dedican un editorial a la apertura del nuevo curso judicial y al discurso del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo general del Poder Judicial, Francisco José Hernando. El Mundo se centra exclusivamente en criticar la parte del discurso de Hernando referida a la conveniencia de introducir las tasas judiciales; La Razón, a secundar la referida a la inmigración; Finalmente ABC y La Vanguardia hacen un análisis general y positivo del discurso que también tuvo referencias a la ilegalización de Batasuna y al incremento de la delincuencia.

El Mundo considera erradamente que la introducción de tasas “no haría mas que encarecer la Justicia y favorecer a quienes más recursos económicos poseen”. Tambien erradamente insinúa que las tasas vendrán a derribar “uno de los dos pilares que sostienen la convivencia de un Estado de Derecho” como son "el acceso de todos los ciudadanos, ricos y pobres, a la policía o a los jueces cuando son víctimas de un delito o son lesionados sus legítimos derechos”.

El Mundo parece que olvida que las tasas judiciales no sólo son compatibles con esos principios del Estado de Derecho sino que tuvieron vigencia en nuestro país hasta que en 1986, bajo un casi total e irresponsable consenso parlamentario, se abolieron. También se olvida que las tasa judiciales no sólo siguen teniendo vigencia en países de nuestro entorno sino que en ellos su papel está siendo paulatinamente creciente.

Si como El Mundo reconoce, “Hernando exceptuó a las personas sin recursos que, según sus palabras, deben beneficiarse de una gratuidad tanto en el proceso como en la representación por parte de los abogados”, ¿a qué santo dice el editorial que la introducción de las tasas favorece a quienes más recursos económicos posee?.

Por otra parte una de las causas de la enorme dilación judicial en nuestros países obedece efectivamente a esa “gratuidad” a cargo de los contribuyentes. Este “a cargo de los contribuyentes” incentiva, por su nulo coste privado, la apelación y el recurso en casación. Y este “exceso” de litigación provoca una dilación judicial que lejos de facilitar el acceso de todos a la justicia, la dificulta. Una justicia lenta, no es justa.

En principio, si el disfrute de un beneficio por un usuario supone un coste, que el usuario que, como señalaba Hernando, tenga recursos para hacerlo pague unas tasas para compensar ese coste, es plenamente conveniente para desincentivar el consumo excesivo y evitar la injusticia de que otros paguen por ello.

Las tasas no sólo ayudarían al presupuesto para elevar la oferta judicial —en 1986 las tasas suponían unos 6.000 millones, más del 10% del presupuesto público para la justicia de ese año— sino que también incentivaría mecanismos alternativos a la vía judicial, mediación, arbitraje y conciliación.

Pero El Mundo —ni, tememos, la clase política— es capaz de prever los efectos perversos de que todo corra a cargo del contribuyente. Menos mal que no abogan porque la alimentación —un derecho no menor al de la justicia— corra a cargo exclusivo del presupuesto público, que sino ya nos veríamos malnutridos haciendo cola ante los supermercados “gratuitos” del Estado.