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El Supremo dicta prisión incondicional y orden de búsqueda y captura para el etarra Josu Ternera

El magistrado del Tribunal Supremo Jose Ramón Soriano ha acordado la prisión incondicional para el etarra y diputado vasco José Antonio Urruticoechea y que se curse la orden internacional de busca y captura. El director general de la Guardia Civil, López Valdivielso, aporta su análisis: "creo que Ternera está fuera de España pero no tengo ningún dato, sinceramente, no lo sé".

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L D (EFE) Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil dice que "personalmente" cree que Jose Antonio Urruticoechea, "Josu Ternera", se encuentra fuera del territorio español, aunque advirtió de que carece de datos objetivos para determinar si ha salido de España o no: "Yo personalmente creo que está fuera, pero sinceramente no lo sé; no tengo ningún dato que me permita objetivamente afirmar que esté fuera o dentro" de España. Tras la corazonada, el máximo responsable de la Benemérita consideró que "se ha dado un paso muy importante" ya que "desde la Guardia Civil se tuvo siempre la idea de que (Ternera) podría estar implicado en algunas actuaciones muy relacionadas con la actividad terrorista".

En cuanto a la dimensión judicial del caso, en un auto notificado a mediodía de este jueves, el juez ordenó que se cursaran "las oportunas órdenes de busca, captura e ingreso en prisión dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas que desarrollan tales cometidos o funciones, así como la correspondiente orden internacional de detención que será remitida al Servicio de Interpol".

El juez repasa los indicios de presunta responsabilidad de "Josu Ternera" como inductor del atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas, y señala que "no ofrece dudas de la oportunidad, procedencia y legitimidad de la medida" de prisión.

Entre los criterios que valora para adoptar esta resolución destaca "las características y la gravedad de los delitos imputados y de la pena con que se amenaza y las circunstancias concretas y personales del imputado", aunque explica que "estas consideraciones aconsejan la prisión provisional del imputado por ahora, sin perjuicio de poder variarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte".

Recuerda que "Josu Ternera" no ha sido localizado hasta la fecha por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que remitió una carta al diario Gara "donde manifiesta su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia penal, con la consiguiente obstrucción a la misma", como puso de manifiesto el fiscal quien solicitó que se incorpore la misiva a la investigación. El juez del Supremo considera que "existen elementos indiciarios de la comisión delictiva, por ahora, que deben ser investigados, sin perjuicio del resultado final" y expone que se le imputa atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato consumado y 73 delitos de asesinato frustrado.

Relata que en el sumario figura un informe de la Guardia Civil del que se deduce que el atentado mencionado se ejecutó siguiendo órdenes de la dirección de ETA, residente en el sur de Francia, y que "Josu Ternera" indiciariamente formó parte del Comité Ejecutivo desde 1980 hasta su detención en 1989, como responsable de los "aparatos internacional y político", junto a Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe. Además, estima que la intervención del diputado vasco en la toma de decisión del atentado puede desprenderse también de las declaraciones prestadas por Juan Manuel Soares Gamboa y Juan José Rego Vidal. El juez también indica que se puede inferir que la asunción del atentado se llevó a cabo por Ternera de las declaraciones policiales de María Elena Beloqui y Soares Gamboa.

En el auto relata que procede la prisión al no comparecer el imputado en las dos ocasiones en las que ha sido citado y señala que tampoco asistió su defensa a la hora prevista ni alegó causa legítima alguna, aunque tres horas después sus letrados intentaran justificar su inasistencia alegando que les causaba "un gran perjuicio" su desplazamiento a Madrid desde Bilbao.

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