La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia ya recurrir el auto del juez José Luis de Castro donde se deja en libertad al etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, según informaron fuentes jurídicas.
El magistrado de Vigilancia Penitenciaria decretó ayer la excarcelación del secuestrador de Ortega Lara "por razones humanitarias" y de "dignidad personal".
En la resolución, Castro reconoce que el informe de la forense de la Audiencia Nacional señala que Bolinaga no es un enfermo "terminal" aunque recuerda que el Código Penal contempla conceder la libertad condicional a enfermos "muy graves o incurables" sin exigir que estén en la fase terminal de su enfermedad.
La misma tesis de la forense la defendió la Fiscalía de la Audiencia que se opuso a la excarcelación del etarra. Según informaron fuentes fiscales, el departamento que dirige Javier Zaragoza está analizando ya al detalle la resolución del juez de vigilancia penitenciaria de cara a interponer un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión se conocerá la semana que vienen, según informaron las mismas fuentes.
Los plazos para la puesta en libertad
Desde hoy el Ministerio Público tiene un plazo de cinco días para recurrir esta resolución, por lo que la puesta en libertad del etarra no será inmediata. Será la Sección Primera, presidida por el magistrado Fernando Grande Marlaska, la que debería resolver dicho recurso.
Hasta que el tribunal no haya resuelto este posible recurso contra la libertad de Bolinaga, éste no podrá salir de prisión. Legalmente, la excarcelación del preso no se podrá hacerse efectiva hasta que la resolución del juez de vigilancia penitenciaria adquiera firmeza.
Mientras, la defensa del etarra se ha apresurado a pedir que Bolinaga salga a la calle "inmediatamente". Alegan que se encuentra detenido "ilegalmente" porque el magistrado, que ha decretado que no ejecute la libertad hasta que no finalicen los cinco días de plazo para presentar recursos, "se ha excedido en sus funciones".
Por este motivo, han interpuesto un escrito ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que piden la ejecución del auto.