Quedan poco más de quince días para que declare Manuel Chaves ante la Comisión de Investigación que trata el caso de los ERE y las ayudas irregulares a empresas, cuando ha vuelto a surgir otro hilo del caso Paula Chaves. Recuerden que la empresa Minas de Aguas Teñidas, la Junta y su gobierno, estando presente el señor Chaves, presidente por entonces de Andalucía, entregaron 10 millones de euros a fondo perdido.
Ahora, un juzgado de Huelva investiga a Tomás Fernández, exjefe del Servicio de Minas de la Junta recién destituido de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presionar, presuntamente, a seis de los técnicos para que informaran a favor de la empresa de Paula Chaves.
Cuenta El Mundo que fue el pasado mes de julio cuando cuatro de los seis técnicos afectados denunciaron los hechos en el juzgado de instrucción número 3. Según la denuncia, en la primera semana de julio, antes de la destitución de Fernández, este llamó, "cretinos, paranoicos y talibanes" a los técnicos que se negaron a firmar resoluciones a favor de la empresa Matsa. A varios de ellos los insultó y amenazó en un despacho y, como ya es habitual, les informó de que se iban a enterar y de las consecuencias de sus actos.
Ya antes, en junio, los seis técnicos interpusieron una querella por prevaricación contra Fernández y contra la entonces delegada provincial de la Junta, María José Asensio, ahora nada menos que directora general de Industria, Energía y Minas.
Será en octubre cuando los técnicos tengan que ir al Juzgado a prestar declaración sobre las presiones y amenazas recibidas para que dieran su aprobación a la propuesta del plan de restauración que forma parte de un proyecto de planta para el tratamiento de aguas de interior de mina de la antigua explotación de Sotiel, cuya titularidad pertenece a Matsa. El problema era que la documentación aportada por la empresa no reunía los requisitos exigidos por el reglamento de residuos de actividades mineras.
Curiosamente, la actual directora general de la Junta, María José Asensio, era quien negociaba directamente con Paula Chaves en la Delegación de la Consejería en Huelva, sin que apareciera por allí nunca el director de Matsa.
La Junta destituye al alto cargo
En verano, y tras los hechos, la Junta destituyó al jefe que, presuntamente, presionó y amenazó a seis técnicos para que elaborasen informes a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, donde trabaja como apoderada y jefa del servicio jurídico Paula Chaves.
Su destitución se produjo veinte días después de la interposición de la querella por los seis técnicos que componen el departamento de Minas, incluido el jefe, de la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, contra el jefe de servicio destituido y la ex delegada en Huelva de este departamento, María José Asensio, ascendida luego a directora general de Industria, Energía y Minas.
Lo curioso del caso es que el nuevo delegado de la Consejería que alberga a la Dirección General de Minas, Eduardo Muñoz, ha respaldado a los técnicos que impulsaron y formularon la denuncia.
Igualmente, los técnicos del departamento que dirige el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que debían decidir sobre las discrepancias surgidas entre Matsa y los seis expertos de Huelva han avalado plenamente y por escrito el informe en el que se recoge que "no procede el trámite a información pública del plan de restauración" solicitado por Matsa para la planta de tratamiento de aguas de interior y tanque de oxigenación en Sotiel.