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¿Por qué motivos amenazan con una huelga jueces y fiscales?

La Carrera Judicial muestra su descontento con Gallardón y Moliner por su gestión de los problemas que padecen jueces y fiscales.

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La Carrera Judicial muestra su descontento con Gallardón y Moliner por su gestión de los problemas que padecen jueces y fiscales.
Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ.

Las juntas de jueces celebradas ayer en varias ciudades españolas han puesto de manifiesto el malestar existente en la Carrera Judicial con el Gobierno y, en menor medida, con el Consejo General del Poder Judicial. Un descontento, que a falta de solución, podría acabar con la tercera huelga del poder judicial en Democracia.

Pero, ¿cuáles son las razones que llevan a los magistrados y fiscales a amenazar a los poderes políticos con ir a la huelga?

  • Politización del Poder Judicial: Tanto jueces como fiscales consideran que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) anunciada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, -donde se limitan considerablemente la funciones del CGPJ- es una intromisión del poder político en el judicial. Entienden que esta modificación atenta contra la independencia de quienes componen el tercer poder del Estado. Por esta razón, los togados reclaman "el pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial con abandono de la reforma planteada que atrofia su capacidad constitucional de actuación".
  • Recortes salariales y estatutarios: Como funcionarios del Estado, jueces y fiscales han sufrido en su propia piel los ajustes aprobados en los últimos meses por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, las estadísticas chirrían por sí solas ya que mientras que hay un político por cada 106 habitantes, las cifras demuestran que hay un juez por cada 10.000 españoles. De esta forma, la ingente carga de trabajo que soporta este colectivo no sólo no se ha visto recompensada por el Gobierno sino que, muy al contrario, sus condiciones laborales han empeorado en los últimos tiempos.
  • Congelación de plazas: Otras de las medidas polémicas anunciadas desde el Ministerio de Justicia por Ruiz Gallardón fue la no convocatoria de plazas ni para jueces ni para fiscales en los próximos años. Con esta iniciativa, se entierra una de las posibilidades de luchar contra el colapso judicial que padece nuestro país. Según informó el pasado jueves el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, el Gobierno se habría comprometido a volver a convocar oposiciones para el ingreso en la Judicatura a partir de 2013, y mantenerlas con carácter anual. De momento, Moncloa no ha dicho esta boca es mía.
  • Ausencia de inversión: Durante décadas las Administración de Justicia ha sido 'la hermana fea' del resto de ramas de la administración pública. La falta de inversión de los sucesivos gobiernos en el buen funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles ha sido una constante. Sin embargo, el año 2008 con el trágico caso de la niña de Huelva Mari Luz asesinada a manos de Santiago del Valle -un hombre que por error judicial se encontraba en libertad cuando cometió el crimen- supuso en teoría un antes y un después para la modernización del sistima judicial. El Ejecutivo socialista de entonces se comprometió a implantar la nueva oficina judicial para evitar tragedias como la vivida. Desde entonces, cuatro años después, poco o casi nada ha mejorado en los juzgados españoles. Por esta razón, jueces y fiscales reivindican ahora "el desarrollo de reformas legislativas" que mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia.

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