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Gómez Benítez, negociador con ETA, tacha a Cifuentes de "autoritaria" y "dictatorial"

El vocal del CGPJ señala que las manifestaciones son un "contrapeso fundamental" en cualquier democracia frente a "excesos" o "arbitrariedades".

LD/Agencias
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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha asegurado este miércoles que la propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular la Ley de manifestación es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

En declaraciones a la Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional". "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.

Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".

Gómez Benítez ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".

"Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", ha zanjado.

En otro orden de cosas, el vocal se ha referido a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre los antecedentes de la convocatoria de manifestación del 25-S frente al Congreso y ha precisado que estos trámites son normales si el magistrado intuye que puede estar en "vías de delito".

Finalmente, ha apuntado que en este caso se está haciendo "una investigación normal que se le exige a un juez de instrucción cuando existe apariencia de que se ha podido producir un hecho delictivo".

Negociador con ETA

José Manuel Gómez Benítez apareció identificado como "número 4" en el acta de la reunión del Gobierno con ETA del 27 de octubre de 2006, en la que esgrimió ante la banda terrorista lo ocurrido en el bar Faisán.

Concretamente, las actas redactadas ese día por la banda asesina indicaban que José Manuel Gómez Benítez fue, al parecer, el único representante del Gobierno de Rodríguez Zapatero en esa reunión y que, a su vez, sólo tenía como interlocutor a otro etarra identificado como "número dos" de los terroristas.

Durante otro de los encuentros con representantes de la banda terrorista el Gobierno ofreció, por boca de Gómez Benítez, inmunidad para Jarrai y el PCTV, partes de la banda por aquel entonces inmersas en sendos procesos legales en la AN y el Supremo. El vocal del CGPJ fue explícito respecto al proceso a Jarrai, en el que afirmo que el Gobierno estaba interesado en que no fuese considerado parte de ETA -a pesar de surtir de nuevos miembros a la banda terrorista- y que estaban "intentando negociar".

En cuanto al PCTV, el partido utilizado por la banda terrorista para estar el las elecciones autonómicas del año 2005, Gómez Benítez aseguró a los terroristas que "lo más probable es que se acuerde que el PCTV no constituye una continuación de Batasuna".

Por su parte, el exjuez Garzón tomó decisiones a favor del entorno de ETA que coincidían con los ofrecimientos que hizo a ETA su amigo y exabogado José Manuel Gómez Benítez en nombre del Gobierno durante la negociación con la banda terrorista.

En marzo de 2011, el colectivo Manos Limpias presentó una denuncia contra Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez acusándolos de encubrimiento y de colaboración con banda armada.

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