El juez Santiago Pedraz, que este jueves firmó un polémico auto para dar carpetazo a la causa del 25-S, ha recibido críticas de la clase política que él denostaba y también del Gobierno, de la Fiscalía General del Estado y de la Defensora del Pueblo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido al juez con frases como "tengo bien claro hasta dónde puedo llegar cuando estoy haciendo mi trabajo como portavoz del poder ejecutivo" o "formando parte del poder ejecutivo sé hasta dónde pueden llegar mis apreciaciones personales", en clara alusión a la frase del juez sobre la "decadente" clase política.
"Cuando estoy sentada en esta mesa -la de Moncloa- me abstengo de realizar valoraciones personales", insistió la vicepresidenta del Gobierno para hacer ver que ella, a diferencia del juez, sí sabe cuál es su lugar en el poder ejecutivo.
Por su parte, esta mañana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha informado de que la Fiscalía está estudiando el auto para ver si tiene discrepancias con su contenido "estrictamente jurídico".
Torres-Dulce se ha trasladado este viernes a Logroño para mantener una reunión de trabajo con la plantilla de la fiscalía riojana y celebrar un encuentro con Pedro Sanz. Desde allí, en declaraciones a los medios, ha dicho no poder "compartir alguna de las observaciones no estrictamente jurídicas que puedan deslizarse en el auto", en relación a las alusiones del juez a la "decadencia de la clase política".
Por su parte, en una entrevista en RNE, Soledad Becerril ha dicho que, aunque "seguramente" se podría actuar de oficio contra el auto, ella es partidaria de "valorar sosegadamente" este tipo de decisiones. La defensora del Pueblo ha añadido que "seguramente", ella tiene "más respeto por el juez Pedraz que el juez por muchos políticos".
Fuentes de esta Institución han precisado después que el organismo "no tiene competencias para actuar contra ningún juez" y que "una iniciativa de este tipo correspondería, en todo caso, al Consejo General del Poder Judicial".
Investigación del CGPJ
Estas valoraciones se unen a las de muchos políticos, desde Rafael Hernando a Rosa Díez, que han lamentado las palabras de Pedraz, y también a las de los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura, criticando la "literatura" del auto. En declaraciones a En Casa de Herrero, de esRadio, su portavoz, Pablo Llarena, ha insistido en que "se ha producido un exceso literario" pues el juez "carece de instrumentos para calibrar cuál es el posicionamiento de la sociedad española sobre la credibilidad de la clase política". Además, ha indicado que la frase de Pedraz "era innecesaria" para saber si había delito o no en los hechos.
Tan sólo ha salido en defensa del juez el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz, Gabriela Bravo, ha dicho que "de haberse producido un exceso" en los términos empleados por el juez central de Intrucción número 1, "en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal", en alusión a las críticas del diputado popular.
Sin embargo, el órgano tendrá que estudiar el escrito del juez después de que el sindicato Manos Limpias haya presentado una denuncia contra Pedraz. Según esta organización, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 puede haber incurrido en falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que conllevaría una pena de multa de hasta 6.000 euros.
En concreto, informa Europa Press, consideran que Pedraz ha podido incurrir en una falta grave del articulo 418.3 de la LOPJ, que prevé sanciones por "dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos". También alude el sindicato al artículo 418.6, que establece multa por la utilización en resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes. La denuncia será remitida al Servicio de Inspección de este órgano, que puede rechazarla de plano o bien elevarla a la Comisión Disciplinaria.