Tras el fallo del TC que declara inconstitucional un precepto que amparaba las multas por no atender en catalán, el Gobierno de Mas ha asegurado que seguirá aplicando las sanciones. El Ejecutivo regional se basa en que la norma declarada ahora nula, incluida en la Ley Catalana del Estatuto del Consumidor de 1993, "ya estaba derogada" y ha sido sustituida por otra que sigue contemplando las multas.
"Se han pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta", ha declarado este martes el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
Homs ha considerado paradójico que el TC declare una ley que no es válida, lo que a su juicio pone en evidencia su funcionamiento, y ha ironizado: "Como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una ley de 1993 que ya no está en vigor". También ha dicho que el posicionamiento del alto tribunal se limita "a la capacidad sancionadora" de la Generalidad y no a otros aspectos que recogía esta normativa catalana.
El portavoz no se ha referido, sin embargo, a la consecuencia inmediata del fallo, que será invalidar los procesos judiciales vigentes sobre multas lingüísticas impuestas durante los 16 años en que estaba en vigor la ley.
El Código de Consumo actual, aprobado en 2010, también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Defensor del Pueblo aunque de momento sigue vigente puesto que aún no se ha producido ningún fallo al respecto.