Los hijos de los "exiliados" vascos y navarros que se vieron obligados a abandonar su tierra por la amenaza del terrorismo también tendrán derecho a votar, como sus padres, en el País Vasco y Navarra.
Según han informado a Efe fuentes del grupo parlamentario popular, este es uno de los puntos clave de la proposición de ley de reforma de la Ley Electoral que presentará el PP la próxima semana en el Congreso y que busca "hacer justicia" con los vascos y navarros que se marcharon a otras zonas de España por culpa de la extorsión etarra. Será unos días después de los comicios en el País Vasco. Unas elecciones en las que, según la mayor parte de las encuestas, EH-Bildu –la lista contaminada por Batasuna, según la Guardia Civil- podría obtener un resultado histórico.
La iniciativa parlamentaria es fruto del impulso del Ministerio del Interior y del líder del PP de Euskadi, Antonio Basagoiti, que hace meses puso sobre la mesa la necesidad de que los "exiliados" pudieran votar en su comunidad, en un ejercicio de reparación histórica con las víctimas del terrorismo.
Requisitos para poder votar
A falta de los últimos retoques al texto definitivo, la proposición de ley incluirá como principal requisito el haber estado empadronado durante, al menos, cinco años en Euskadi o Navarra entre el 1 de enero de 1960 -año del primer atentado mortal de ETA- y el 31 de diciembre de 2011.
Para acreditar que se tuvo que cambiar de domicilio por la amenaza etarra, será necesario presentar algún tipo de documentación que demuestre que se sufrieron amenazas o extorsiones o haber sido víctima de un atentado o una acción violenta de carácter terrorista. Solo en casos excepcionales en los que no sea posible acreditar documentalmente las amenazas, bastará con que el interesado presente una declaración jurada explicando los motivos de su marcha.
La proposición de ley -que se registrará previsiblemente el próximo miércoles- establece, además, un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma para que los "exiliados" puedan solicitar su inscripción en el censo.
No obstante, el voto se ejercerá siempre por correo y se contabilizará en la mesa electoral correspondiente a su antiguo domicilio vasco o navarro.
Voto de los hijos de los "desterrados"
En el supuesto de que los hijos de los "desterrados" también quieran ejercer su derecho al voto en el País Vasco o Navarra, será requisito haber vivido junto a sus padres en alguna de las dos comunidades y que uno de sus progenitores haya demostrado que el traslado de la familia tuvo una relación directa con el terrorismo. Para optar a este derecho, los hijos tendrán que haber cumplido 18 años antes de la entrada en vigor de la ley.
En cualquier caso, fuentes populares han explicado a Efe que la propuesta de voto para los hijos de los amenazados está todavía muy abierta y que su redacción definitiva dependerá de los acuerdos que se alcancen con el resto de partidos políticos durante la tramitación parlamentaria.
El PNV acusa de intento de "pucherazo electoral"
El pasado 25 de julio, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales emitió un informe, a petición del Gobierno, que acreditaba la viabilidad jurídica y constitucional de esta reforma de la Ley Electoral, texto sobre el que se ha basado la propuesta del PP.
Desde sus primeros pasos, la iniciativa ha provocado duras críticas desde los partidos nacionalistas y en especial del PNV, que ha llegado a acusar al Gobierno de intentar un "pucherazo electoral".
Acusaciones rechazadas una y otra vez por el Gobierno y el PP, que han negado que su propuesta busque obtener alguna ventaja en las urnas, sino que trata de compensar una injusticia histórica hacia las víctimas del terrorismo.
El Gobierno no ha adelantado una cifra de cuántas personas estarían en condiciones de acogerse a la medida, aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dejado claro que bastaría que un solo vasco o navarro no hubiera podido ejercer el derecho al voto para que la reforma de la Ley Electoral tuviera sentido.