El Gobierno ha recibido en los últimos días un informe jurídico de 164 páginas en el que se argumenta la viabilidad de juzgar los asesinatos de ETA sin resolver que ya han sido declarados prescritos. El documento elaborado por el reconocido experto en derecho penal internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, se fundamenta, entre otros aspectos, en la posibilidad de declarar los delitos cometidos por la banda terrorista como crímenes contra la humanidad, lo que evitaría la prescripción.
En concreto el "Informe Latiegui", al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado el pasado 10 de octubre al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Igualmente ha sido remitido de manera oficial en éstas últimas dos semanas a la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y al Congreso de los Diputados, así como a la Defensora del Pueblo de España, según ha informado el propio autor del documento.
Precisamente, Rodríguez Arias ha mantenido ya una reunión técnica con el gabinete jurídico de la Defensora del Pueblo éste mismo lunes 15 en la sede del Departamento que dirige ahora Soledad Becerril.
El informe cifra en 134 el número de asesinatos cometidos por la banda que ahora podrían ser revisados pese a haber sido declarados prescritos y además fundamenta la posibilidad de actuar contra lo que denomina como "crímenes de persecución contra cientos de desplazados internos de la diáspora vasca".
En dicho informe se alega el incumplimiento por parte de España de distintos tratados internacionales firmados y publicados en el BOE, desde 1977, con anterioridad a la totalidad de los 134 asesinatos de ETA que habrían sido en principio considerados prescritos.
Entre otros se encuentra el caso de la persona que da nombre al trabajo, el empresario José María Latiegui, quien fue asesinado por ETA a la salida de su trabajo el 14 de Abril de 1981, y cuya viuda, Ramona Garrido, habría solicitado la elaboración de este informe en el contexto de la causa que, a sus 73 años de edad, continúa defendiendo para que los asesinos de su marido sean condenados.
El documento alega además la indebida consideración como asesinatos ordinarios en vez de como "asesinatos selectivos" de ETA como parte de su política contra todo un grupo de población civil considerada "españolista" por la banda. Como tales "asesinatos selectivos" y en el contexto de otros crímenes contra la humanidad, se trataría de crímenes imprescriptibles, defiende Rodríguez Arias.
"Ésta es la misma vía utilizada ante otros crímenes de lesa humanidad en otros países europeos y que ha sido respaldada de manera constante por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora esperaremos a que a la vista del Informe Latiegui se aborden de oficio distintas actuaciones; nos consta que los argumentos que plantea el Informe Latiegui relativos al incumplimiento de tratados fundamentales ratificados por España y que deberían amparar a las víctimas de ETA no están dejando indiferente a nadie" ha señalado en declaraciones para Europa Press este experto en derecho penal internacional.
Miguel Ángel Rodríguez Arias lleva varios años trabajando en esta línea. En el año 2007 vio premiadas sus tesis jurídicas sobre los crímenes de lesa humanidad de ETA en el certamen nacional de estudios jurídicos Garcia Goyena. Cuenta además con otros cuatro galardones jurídicos nacionales e internacionales entre los que destaca el Cesare Beccaria Award, convocado bajo los auspicios de Naciones Unidas por un estudio sobre los juicios de Nuremberg.
El Observatorio contra la Impunidad, formado por asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, presentó un informe denunciando que un total de 326 asesinatos de ETA siguen sin esclarecer. De ellos, aseguró que más de 120 han prescrito ya o lo harán en los próximos meses.