Las víctimas del terrorismo creen que la Justicia debe tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la declaración del militar Milton Revilla, que se encuentra preso en Venezuela y que fue testigo "de la colaboración que el Gobierno venezolano ha mantenido", a través de etarra Arturo Cubillas, entre otros, con la banda terrorista. La hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, Consuelo, fue una de las víctimas que se desplazó a Venezuela para hablar con este militar haciéndose pasar por familiar, informa El Mundo. Según explicó en Es Noticia de esRadio, Chávez lo encarceló cuando se enteró de que la Audiencia Nacional lo había citado a declarar. Las víctimas pretenden que no sean destruidos los documentos que prueban esta relación.
Consuelo Ordóñez dijo que desde hace un año y medio investiga el "desaguisado" de que haya 326 atentados mortales de ETA sin esclarecer. "Las familias no saben quién ha sido, que no ha pagado ni un momento de cárcel. Están en Venezuela protegidos por Chávez", dijo. "No vamos a descansar hasta saber la verdad de todo esto".
Las víctimas tienen un objetivo claro. "Que eso no puede quedarse así. Iremos dónde haga falta. Señores, esto no es un estado de derecho, 326 atentados mortales a los que se ha dado carpetazo". Ordóñez criticó a la justicia que no han hecho nada por investigar estos atentados. "Llevamos un año y medio denunciándolo y no estoy viendo medidas".
Artuto Cubillas y otros protegidos por Chávez
Velasco procesó por primera vez a Cubillas en marzo de 2010 por intentar atentar contra altos cargos colombianos en España en un auto en el que apuntaba indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Junto al etarra, procesó a José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Atxalandabaso, José María Zaldua, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, así como a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales, Víctor Ramón Vargas Salazar, Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García Albert, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.
Posteriormente, sin embargo, dejó sin efecto el procesamiento dictado contra García Albert y Zabala Padilla, alias Lucas Gualdrón y delegado para Europa de las FARC.
Tras este auto de procesamiento, el juez reclamó en octubre de ese año por primera vez a Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del gobierno de Hugo Chávez.
Un año después, en marzo de 2011, volvió a procesarlo por integración en organización terrorista junto a los etarras Francisco Javier López Peña Thierry y Mikel Carrera Sarobe Ata, al sostener que fueron estos dos los que le coordinaron en la formación e instrucción en el manejo de armamento y explosivos de miembros de ETA en campamentos instalados en la selva venezolana. Por ello, el magistrado reclamó que fuera ampliada la solicitud de extradición del etarra para incluir el delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente.
En su providencia, también procesaba a los etarras José Lorenzo Ayestarán y José Ignacio Olaskoaga por un delito de tenencia explosivos en colaboración con organización terrorista, así como a Iraitz Guesalaga, responsable de informática de ETA, y a Iurgi Mendinueta por colaboración terrorista.
Según el juez, Cubillas ha mantenido al menos, entre los años 2004 y 2008, "contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista ETA y los distintos dirigentes de los comandos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas".
Además, le acusaba de haber facilitado la infraestructura necesaria que, "lejos de ser episódica, trasciende la mera colaboración", lo que para el juez lo sitúa como dirigente de ETA "en el continente americano desde tierra venezolana".