Un error judicial servirá a los principales imputados en la operación Emperador –la macroinvestigación contra la mafia china- para salir de prisión. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha ordenado este jueves la "inmediata puesta en libertad" del imputado chino Kay Yang después de considerar que se "vio privado ilegalmente de libertad" por parte del instructor Fernando Andreu.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional decretó el pasado día 20 de octubre su ingreso en prisión incondicional tras imputarle los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero, contra la Hacienda Pública y falsedad documental entre otros.
El ciudadano chino fue arrestado cuatro días antes -el 16 octubre- por orden del juez Fernando Andreu. El artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el plazo legal para regularizar la situación jurídica de un detenido es de 72 horas desde que queda bajo disposición judicial.
Detención "judicial"
En este caso, Andreu decretó el ingreso en la cárcel de Kay Yang y al menos otros diez imputados –entre ellos los principales cabecillas de la trama como Gao Ping, su esposa y el cabecilla de la trama de extorsión, Hay Boo- cuando ese plazo legal ya había expirado.
En ese sentido, la Sala le reprocha al instructor la interpretación legal "errónea" llevada a cabo "contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional".
En el auto, con ponencia del magistrado Alfonso Guevara, se distingue primero entre "detenciones policiales" y "detenciones judiciales" para, en segundo lugar, concluir que "fuera de toda duda" estamos ante un arresto ordenado por el juez.
En ese sentido, el tribunal entiende que el ciudadano chino Kay Yang "se vio privado ilegalmente de libertad" violándose uno de sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por este motivo, la Sección Tercera obliga al juez Andreu a decretar "la nulidad absoluta e insubsanable de dicho auto de prisión y ordenar la inmediata puesta en libertad de Hay Yang"; una diligencia que el instructor ya ha adoptado.
La versión de Andreu
Por su parte, el magistrado Fernando Andreu ha explicado a los medios de comunicación que los detenidos no pasaron a disposición judicial hasta el día 18 porque, aunque él autorizó el día 15 estas detenciones, que se ejecutaron el día 16, durante esos dos días los arrestados estuvieron a disposición del Cuerpo Nacional de Policía que realizó 120 entradas y registros. "Yo ordeno estas detenciones no para que pasen inmediatamente a mi disposición sino para que se practiquen numerosas diligencias", asegura el instructor.
A su juicio, el plazo legal de 72 horas debería comenzar a contar desde el día 18 cuando el magistrado ordena a la Policía que cese en su actividad para que el pueda regularizar la situación de los arrestados. Es decir, según Andreu, para tomarles declaración antes de decretar el ingreso en prisión de los detenidos o dejarlos en libertad.
De igual modo, Fernando Andreu ha asumido toda la responsabilidad de esta situación. "El único responsable soy yo aunque sigo pensando que no me he equivocado. Lamento que trabajo de policías, fiscales y funcionarios pueda verse empañado por una decisión que, según la Sala, es errónea", ha señalado antes de apuntar que "diga lo que diga una ley de 1800, antes de decretar el ingreso en prisión de alguien el juez tiene que oírle".