ERC exige a CiU un plan para la transición nacional a un Estado soberano que incluye la aprobación de una ley de consultas blindada frente a la posible suspensión que dictamine el Tribunal Constitucional, crear una administración tributaria propia para 2013 y un Banco de Cataluña, así como asumir plenas competencias en justicia y en la gestión del agua, la energía, aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
Según informa El País, el documento incluye 60 propuestas concretas para salir de la crisis. Se trata, según el borrador, de "aprobar un plan institucional e interdepartamental para la transición a un Estado soberano, con un plan de internacionalización que legitime la causa y cree complicidades" en el extranjero, además de garantizar la viabilidad económica de Cataluña.
El primer punto de la negociación incluye la aprobación y aplicación de una ley de consultas que permita preguntar a los catalanes si quieren seguir formando parte de España.
Tres fases para crear la agencia tributaria
Para el ejercicio presupuestario de 2013, la formación de Oriol Junqueras propone la creación de la Administración Tributaria Catalana, que sea capaz de recaudar el conjunto de los impuestos. Esto se plantea en tres fases y se tendría que desarrollar en dos años.
En una primera fase, la Generalidad tendría que asumir las competencias delegadas no ejercidas hasta la fecha y realizar un despliegue efectivo del convenio ya firmado con las Diputaciones provinciales.
En la segunda fase, incluyen el despliegue del consorcio tributario ya previsto en el Estatuto entre la Agencia Tributaria Catalana -creada en 2007- y la Española. Más allá de la creación de la agencia tributaria, CiU y ERC negocian la puesta en marcha de lo que los republicanos llaman "Banco de Cataluña" y que tomaría cuerpo a partir del actual Instituto Catalán de Finanzas. Su objetivo: "garantizar el acceso al crédito por parte de la economía productiva".
Plenas competencias en Justicia
El choque con el Gobierno de Rajoy también es previsible en el ámbito de la justicia. CiU y ERC han negociado un plan para asumir plenas competencias en la Administración de justicia de Cataluña.
ERC tiene mucho interés en que su apoyo al Gobierno de Artur Mas sea percibido también como un giro en las políticas económicas de la Generalidad, algo que no será fácil por la deuda de más de 42.000 millones que arrastra la Administración catalana. El objetivo de déficit del 0,7% que el Estado ha fijado a las autonomías para el año que viene obliga a un ajuste cercano a los 4.000 millones que traerá nuevos recortes.