El Gobierno dará forma en los próximos días en lo que se ha venido a denominar la "ofensiva judicial" para desmontar los planes secesionistas de Artur Mas. Aunque Mariano Rajoy insistirá hasta el último momento en la vía del diálogo -una estrategia que expuso, hasta el extremo, el martes en el Senado-, los servicios jurídicos del Estado trabajan a fin de concretar el modo de actuar en caso de que las amenazas de la Generalidad se hagan realidad en forma de consulta.
Los compases principales de cómo actuar los dará la vicepresidenta este viernes, al término del Consejo de Ministros. Si bien ya avanzó, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que "el señor Mas va error tras error" y, en esta ocasión, "dando un paso muy decidido hacia la inestabilidad".
Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que el presidente catalán no está haciendo una lectura correcta de lo que dijeron las urnas, más bien al contrario: los catalanes "fueron muy claros" en pedir un esfuerzo contra la crisis, pero Mas "va en la dirección contraria", enfatizó.
La firmeza de la portavoz del Gobierno se debe a una base de partida muy clara: la consulta sobre la autodeterminación "no es legal" y, en consecuencia, el Gobierno actuará en pro de los intereses nacionales. De hecho, el ordenamiento jurídico tiene mecanismos para frenar "cualquier ilegalidad", en voz de Sáenz de Santamaría, y que se basa en una batería de medidas in crescendo hasta el artículo 155 de la Carta Magna, que "también fue aprobada por los partidos catalanes".
El Gobierno asegura que, en caso de convocatoria, acudiría de forma inmediata al Constitucional que, a renglón seguido, suspendería el decreto de la Generalidad hasta que el Alto Tribunal dilucidara sobre su legalidad. Y el Ejecutivo parte ya de la base de que lo tumbaría habida cuenta de que "la Constitución lo dice muy clarito, y señala que el derecho a decidir es de todos los españoles".
Si a pesar del mandato del TC, Artur Mas no da marcha atrás en su pulso, la siguiente opción sería denunciarle ante la Justicia. Sería, dicen en el Gobierno, una fórmula de evitar la confrontación más directa, y que vendría por la vía del mismísimo texto de 1978. El artículo 155 dispone que "si una comunidad no cumple las obligaciones de la Constitución y otras leyes" o "atenta gravemente contra el interés nacional de España", el Gobierno está en la potestad de tomar cuantas decisiones considere oportunas para que su mandato se cumpla, tras el sí por mayoría absoluta del Senado -cosa muy probable, pues el PP controla la Cámara-.
El presidente no descarta hacer uso de este artículo, pero espera que no sea necesario. No obstante, en la Moncloa, empiezan a tomar conciencia -o, al menos, así lo dicen- del "grave problema catalán". En palabras de un ministro, "de la insurrección" que "el señor Mas utiliza para que no hablemos de lo que verdaderamente importa". Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a este diario que la Generalidad sigue sin cumplir el objetivo de déficit público.