En el año 2005, una empresa especializada recibió una llamada del ayuntamiento de Estepa (Sevilla) porque necesitaban con urgencia un tratamiento contra colonias subterráneas de termitas detectadas en el interior del casco urbano. Dos años después, 386 viviendas de la localidad cercana de Marinaleda (Sevilla, 2.700 habitantes) se vieron afectadas por una plaga de 105 millones de termitas que, según el gerente de la empresa exterminadora que estudió el caso, era la mayor registrada en España afectando a casi 100.000 metros cuadrados.
Hasta entonces, la mayor población de estos insectos comedores de madera y papeles se había detectado ocho años antes en Palenciana (Córdoba), donde arrasaron 60.000 metros cuadrados. Ahora, las termitas, que, al parecer, nunca se fueron de la zona, han salvado al alcalde de Marinaleda, el ultra izquierdista Juan Manuel Sánchez Gordillo, de un nuevo proceso judicial porque, al parecer, se han comido literalmente, los papeles del caso en el que estaba acusado de prevaricación. Además, la amnesia vecinal y la desidia política también han contribuido a propiciar este desenlace.
Un juzgado de Estepa (Sevilla) había abierto hace más de doce años una investigación porque Sánchez Gordillo, en su calidad de alcalde de Marinaleda, había permitido la construcción de viviendas en zonas verdes. La acusación, de haber prosperado las diligencias y juicio posterior, podría haberle acarreado la inhabilitación al alcalde y diputado de Izquierda Unida acusado de prevaricación.
Fue la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico la que denunció al histórico dirigente de la CUT–BAI, líder también de los asaltos el pasado verano a supermercados, fincas y bancos. Sánchez Gordillo, según la Fiscalía, había permitido y alentado la construcción de casas en suelo no urbanizable y calificado como zona verde.
Curiosa y misteriosamente, desde entonces, doce años ya, la Guardia Civil ha sido incapaz de rastrear la huella de sus responsables a pesar de que la Fiscalía tenía sospechas de que algún funcionario y/o responsable político, incluido el alcalde, pudo tener una participación directa y determinante.
¿Las causas? La ‘amnesia’ de los propietarios de las casas y a la ausencia de documentación oficial. La mayoría de los testigos y los promotores de las obras aseguraron que no tenían papeles "de ninguna clase" y que no "podían" concretar quién les dijo que podían construir sus viviendas.
Es más, El Mundo alude a que el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, reprocha la "negativa" a colaborar del Ayuntamiento de Marinaleda, que contestó "tarde y de manera incompleta" a los requerimientos de los investigadores de la Guardia Civil. Además, ha sido imposible superar la "absoluta" falta de documentación sobre la teórica tramitación administrativa de estas construcciones. En los archivos del Consistorio no había, o no se han encontrado, solicitudes de licencia, proyectos de edificación ni autorizaciones para cada construcción.
La sorpresa ha saltado cuando se ha descubierto que hasta la acción de las "termitas" en los archivos municipales de Estepa ha ayudado a Sánchez Gordillo a eludir la acción de la justicia que se ha visto imposibilitada por las circunstancias.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepa, al que correspondió el caso, acordó el pasado 27 de noviembre archivar de forma provisional a petición de la Fiscalía la causa al entender que no ha sido "debidamente justificada la perpetración del delito".
En los foros urbanos, se preguntan qué fue de las termitas en Marinaleda. Pues, al parecer, volvieron a emigrar muy oportunamente a Estepa, concretamente a sus Juzgados, de donde todo el mundo creyó que habían desaparecido.