El Consejo de Ministros ha acordado impugnar la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña al entender que su contenido "no sólo no es compatible" con la Constitución sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos". El Gobierno pedirá su inmediata suspensión.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aclarado que el Gobierno da el paso tras escuchar a la Abogacía del Estado y al Consejo de Estado, que han confirmado la oportunidad de esta impugnación. Ha precisado también que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la "tercera vía" que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlamento catalán.
Sáenz de Santamaría ha defendido que el Estado tiene la "obligación" de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que acude a los tribunales como lo hacen las comunidades autónomas cuando "se ven compelidas" a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.
Dijo la vicepresidenta que se trata de una "impugnación" dando cumplimiento a un mandato constitucional, que las Comunidades Autónomas también utilizan cuando lo consideran oportuno. "Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes en defensa de los derechos de los ciudadanos".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el diálogo se mantiene y ha apelado a la lealtad institucional y a la colaboración entre las administraciones, "muy especialmente con la Generalitat".
La impugnación, de admitirse a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución y, según palabras de la vicepresidenta, es "la tercera vía que permite la Constitución" ya que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ni de un conflicto de competencias.
Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.
Preguntada por cómo procederá el Gobierno si la Generalidad decide no acatar el mandato del TC, dijo Soraya que prefiere "no anticipar acontecimientos" y confió en que todo el mundo respete la legalidad. En ese sentido, Santamaría ha dicho esperar que del mismo modo que el Gobierno respeta que la Generalidad u otras administraciones impugnen disposiciones del Estado, el Ejecutivo catalán "entienda" que el Gobierno ha actuado de esta manera en "su obligación de cumplir y hacer cumplir las reglas del juego", reiteró.
Preguntada sobre si hay fecha para la reunión entre Rajoy y Mas para tratar de este y otros asuntos, Santamaría ha respondido que todavía no está cerrada, aunque existe un "gran interés" en que se celebre para "poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos".
El Gobierno ha tomado esta decisión tras conocerse ayer el dictámen del Consejo de Estado que avalaba la posibilidad de que el Ejecutivo presentase recurso ante el Constitucional. El informe de este órgano consultivo, preceptivo pero no vinculante, fue solicitado por el Gobierno el pasado 8 de febrero y se une a otro informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación.