El PSOE ha puesto en marcha la segunda fase del Expediente de Regulación de Empleo que aprobó el verano pasado y que esta vez consiste en una reducción de jornada y salario de un 20 por ciento a todo el personal, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes del Comité de Empresa del partido.
Estas fuentes han explicado que el año pasado ya se aplicaron las otras medidas aprobadas en el ERE y que el partido "ha intentado" en estos meses "no tener que aplicar" el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), pero que "no le ha quedado más remedio" debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha sufrido, sobre todo por la bajada de subvenciones oficiales.
En el ERE que dio luz verde la asamblea de trabajadores del PSOE el pasado julio se incluían un centenar de prejubilaciones, 16 bajas voluntarias y siete despidos con indemnizaciones de 35 días por año trabajado. Según han indicado las citadas fuentes, todas estas medidas ya se acometieron en 2012 y ahora el partido ha tenido que poner en marcha el ERTE que esa misma asamblea aprobó.
El acuerdo del ERE afecta a la plantilla de la estructura federal del partido, a los trabajadores de los grupos socialistas en el Congreso y el Senado y a 14 estructuras territoriales: ocho partidos autonómicos y seis provinciales.
Durante el proceso de negociación, la dirección del PSOE se marcó como objetivo "limitar al máximo el impacto social del expediente y buscar fórmulas solidarias que redujeran al mínimo las consecuencias laborales", de modo que se acordó dicha reducción salarial de todo el personal "para poder mantener el empleo".
Las negociaciones de este ERE se pusieron en marcha dentro del ambicioso plan de austeridad que se fijó el PSOE para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa debido al "importante descenso de ingresos" de la organización tanto por los resultados electorales que obtuvo en las últimas elecciones generales, en las que perdió 4,3 millones de votos y casi 60 escaños, como por la reducción de las asignaciones del Estado a partidos políticos debido a la crisis.