El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha negado este domingo que su sindicato haya recibido "cobros irregulares" derivados de la trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, y ha puesto "a disposición de la Justicia" las cuentas de su organización, que, según ha subrayado, "son públicas y transparentes".
Pastrana ha querido salir así al paso del auto emitido por la juez que se encarga de la instrucción de este caso, Mercedes Alaya, después de tomar declaración al exdirector general de la mediadora Vitalia Vida, Antonio Albarracín, para el que ha decretado su ingreso en prisión, en el que señala que esté "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las sobrecomisiones "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los referidos ERE.
Sin embargo, en declaraciones de las que se hace eco Europa Press el líder de UGT en Andalucía ha aseverado que su sindicato "no ha cobrado ni legal ni ilegalmente ninguna cantidad que se aproxime a esa cifra", por lo que "no se sabe de dónde" sale esa cantidad, que "no tiene ni remotamente relación con los distintos organismos de la UGT que han intervenido en el tema de los ERE", ha insistido.
En esa línea, ha negado que el sindicato haya participado "en ninguna trama para buscar comisiones ni dinero público de la Junta a costa del asunto de los ERE, ni en solitario, ni en connivencia con el Gobierno andaluz ni con el PSOE". "UGT no ha recibido en ningún momento, ni de los ERE de Andalucía ni del conjunto de España, ningún cobro irregular, ni ha obtenido comisiones ni ha trabajado para obtenerlas", ha añadido.
Se desvincula de los imputados
Por eso, Pastrana ha pedido que deje de "relacionarse con la UGT" a personas que "hace años que no forman parte del sindicato". En concreto, se ha referido a Juan Lanzas, considerado conseguidor de los ERE, al que la juez Alaya ha enviado a prisión, ya que, según ha remarcado, "salió de la UGT en el año 2002, y desde entonces no ha mantenido absolutamente ninguna relación con el sindicato", y, además, "los hechos por los que se le investiga son posteriores a su salida de la organización".
También han querido dejar claro que, "si la jueza del caso o algún juzgado requiriesen al sindicato información sobre sus cuentas" –algo que, según ha apostillado, "hasta ahora no ha ocurrido" ni sabe "si ocurrirá"–, éstas "estarían inmediatamente a su disposición", ya que hay "total transparencia" sobre ellas.
De hecho, ha señalado que UGT-A, "por compromiso de su dirección", encarga cada tres años aproximadamente una auditoría externa sobre sus cuentas, y actualmente se ha encargado una con motivo del congreso que la organización celebrará en próximas fechas.
"Un nuevo ataque a la labor sindical"
Además, Ferrer ha tachado de "infundio" y "calumnia" que "las organizaciones sindicales se dedican a captar o promover ERE para cobrar comisiones ilegales", algo que considera que "no es más que un nuevo ataque a la labor sindical" en general y de UGT en particular, que "en sus 125 años de historia ha estado centrada en la lucha de los derechos de los trabajadores".
Por ello, ha reclamado "respeto" para "la labor sindical en general" y la de su sindicato "en particular", una organización que, según ha añadido, "no solamente respeta a la Justicia", sino que ofrece su "plena colaboración para que se llegue hasta el final en este asunto".
Por último, Ferrer ha explicado que el sindicato "hace muchos años" que tuvo "problemas" con la aseguradora Vitalia, en la que trabajaba el ahora encarcelado Antonio Albarracín, y, de hecho, la organización envió, a nivel nacional, una circular a sus federaciones aconsejándoles que "no trabajaran con ella" porque "no les ofrecía las mejores garantías". "Lamento que el tiempo nos haya acabado dando la razón", ha concluido.
CCOO baraja reabrir una comisión interna
Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha aseverado en declaraciones a Europa Press que su sindicato "no tiene absolutamente nada que ver con ninguna trama corrupta" derivada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares financiados con dinero de la Junta de Andalucía, si bien la dirección confederal se plantea reabrir una comisión interna de investigación creada en abril de 2011 a propósito de este caso para imprimir una "mayor transparencia" a la actuación del sindicato en este caso.
Además, ha anunciado que CCOO será "absolutamente implacable" tanto contra quienes "pretendan mancillar el buen nombre del sindicato" como contra aquellos miembros de la organización cuyo comportamiento "no se hubiera atenido a las reglas o procedimientos de juego" de CCOO.
En todo caso, Lezcano ha señalado que la comisión de investigación de 2011 "no apreció ningún elemento de irregularidad" en relación a la actuación del sindicato en el asunto de los ERE en función de la información de la que se disponía entonces, de forma que concluyó que el papel de la organización había estado "acorde a la legislación" y los ingresos que se habían recibido estaban "perfectamente acreditados".
"Daño tremendo" para CCOO
Al hilo de ello, Carbonero ha lamentado el "tremendo daño" que, en su opinión, han causado a la imagen del sindicato "y a los miles de trabajadores a los que representa", informaciones como las derivadas del auto emitido por la jueza encargada de la instrucción de este caso, Mercedes Alaya.
Además, Carbonero ha subrayado que su sindicato "nunca tuvo ninguna conversación ni con el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ni con ninguno de los demás imputados o encarcelados" por este caso, a quienes "no tenemos el deshonor de conocer". Por eso, ha instado a "no mezclar los nombres de éstos con el de CCOO".
En la misma línea se ha expresado el secretario de Comunicación de CCOO, que ha adelantado además que el sindicato estudia la posibilidad de "llevar sus presupuestos anuales al Tribunal de Cuentas", si bien ha apostillado que éstos "están a disposición de quien los quiera solicitar".
Por su parte, Carbonero, tras remarcar que los ingresos de CCOO proceden "de la aportación de sus afiliados" y defender la "honestidad" de sus miembros, que no cobran "sueldos espectaculares", ha querido dejar claro que el sindicato "no va a renunciar a estar y a defender a los trabajadores en los ERE ni a que su servicio técnico o de asesoría jurídica cobre, cuando así corresponda, las minutas que marca la legislación" que, por ello, "son transparentes y las conoce todo el mundo".
Respaldo de Toxo
Por último, el responsable de Comunicación del sindicato a nivel nacional, Fernando Lezcano, ha querido "alejar cualquier sombra de duda" sobre un posible distanciamiento del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, de su homólogo en Andalucía, derivado del "silencio" del primero en relación a este asunto.
"Cada vez que Carbonero ha emitido opinión al respecto, es como si la hubiera emitido Toxo", ha zanjado.