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El TSJA apuntala la instrucción de la juez Alaya

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ve indicios de delitos en la actuación de Javier Guerrero y Antonio Rivas.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ve indicios de delitos en la actuación de Javier Guerrero y Antonio Rivas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ve indicios penales en la actuación del ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ya condenado por la extorsión a los empresarios de La Raza, por la aprobación del ERE de Mercasevilla en 2003. Además, la juez Alaya se refirió a otros altos cargos de la Junta presentes en la trama y acaba de aparecer uno. Se trata de un alto cargo de la consejería de Medio Ambiente y de una empresa familiar que servía de tapadera para los ingresos "de vuelta" que recibía el ex director general Francisco Javier Guerrero de los intermediarios.

El TSJA, Sala de lo Contencioso, apuntala la instrucción de la juez Alaya porque acusa a Guerrero y a Rivas de haber prescindido "total y absolutamente" del procedimiento legal establecido. En un auto referido a una denuncia interpuesta por un trabajador que se snetía con derecho a estar en el ERE de Mercasevilla, el alto tribunal andaluz considera que  "fallaron los controles de legalidad que incumben a la autoridad laboral al incluir a un trabajador que no reunía los requisitos" y que, en consecuencia, la ayuda debe ser anulada ya que ignoró por completo el mecanismo legal establecido por ley. "Puestas de manifiesto una vez más las irregularidades de las autoridades laborales, tanto en la autorización del ERE como en la concesión de ayudas sin procedimiento, debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir". Y, por ello, tras trasladará las diligencias al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de Mercedes Alaya.

Un nuevo alto cargo relacionado

Mercedes Alaya había sostenido que las dos aseguradoras que gestionaban los ERE, Vitalia y Uniter, efectuaban pagos periódicos derivados de las supercomisiones a altos cargos de la Junta de Andalucía, con lo que parte del dinero público destinado a los ERE volvía a altos cargos de la Junta. Pues ya se conoce que una de las empresas pantallas mediante las cuales se efectuaban los ingresos se llama Andalucine, propiedad de Producciones Barataria, cuya administradora única es Beatriz Pérez Martín. Esta empresaria resulta ser hermana de Pilar Pérez Martín, delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla durante seis años (de mayo de 2004 a abril de 2010). Ambas son hijas de Emilio Pérez Ruiz, un viejo dirigente del Partido Andalucista reconvertido en oscuro intermediario de los negocios del PSOE.

La juez Alaya, aporta ABC, tiene constancia de dos cheques expedidos por la aseguradora Uniter de 25.000 y 75.000 euros respectivamente, que aparecieron en la contabilidad de la empresa a nombre de "J. Guerrero". Estos dos cheques fueron cobrados por Andalucine. com, según ha comprobado la Guardia Civil.

Andalucine.com es un portal web creado por la empresa Producciones Barataria S.L. y destinado a la localización de exteriores y decorados para rodajes cinematográficos. Curiosamente, fue del "fondo de reptiles" o partida 31L de donde salieron 210.354 euros con que la subvencionó la Junta de Andalucía. La ayuda fue aprobada por el propio Francisco Javier Guerrero por "las inversiones hechas en modernización".

De la organización de la trama da cuenta el hecho de que aunque la subvención la solicitó Producciones Barataria, SL, el propio Guerrero recomendó a Pérez Martín la conveniencia de que hubiera una nueva entidad para mayor opacidad y, por ello, se creó Andalucine.com, que recibió la ayuda mediante un convenio de la consejería de Empleo con la agencia IDEA, antes Instituto de Fomento de Andalucía.

Beatriz Pérez Martín perteneció a la "cejista" junta directiva de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), en la que se encontraban conocidas cineastas como Chus Gutiérrez o Icíar Bollaín. A CIMA pertenecen otras mujeres del mundo del cine, como Isabel Coixet o Assumpta Serna. En su currículum también destaca que Pérez Martín perteneció al comité ejecutivo de la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla, perteneciente a su vez a la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, cuyo objetivo es «contribuir a la eliminación de barreras de género en el mundo empresarial en general».

Trato especial a los intrusos y nuevos testaferros

Las entidades mediadoras dispensaba un "trato especial" a la hora de incluir en las ayudas a los denominados intrusos y hacían lo posible por ocultarlos. Así se muestra en uno de los autos de prisión de la juez Alaya que recoge Diario de Sevilla. Uno de los certificados individuales de las pólizas de intrusos recuperadas en la sede de Apra Leen Barcelona, aparece una portada con la leyenda "OJO. SR. ESPECIAL, éste es el ejemplar del tomador, no la enviamos al tomador, este original lo guardamos nosotras". Para Alaya, está claro que dicho intruso era una "persona que debía recibir un trato especial y diferenciado de los demás (intrusos), junto con una serie de precauciones propias de quien no quiere que esa situación trascienda". 

La documentación entregada a la juez por la Guardia Civil ha permitido, además, descubrir nuevos testaferros.La juez se refiere, por ejemplo, a Moutaz Al Mokhtar Kasem, que figuró ocupando distintos cargos en varias sociedades mercantiles del "entramado Vitalia". Según Alaya, los testaferros se prestarían a figurar como administradores y a intervenir en determinados actos y negocios jurídicos, "con la finalidad de actuar como pantalla de forma que quede oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de las empresas".

La Junta, "una simple conjetura"

El portavoz del Ejecutivo andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer que "el auto de la juez Alaya está claro y apunta a una persona, que es el señor Guerrero. Todo lo demás entra en el capítulo de las hipótesis, y el Gobierno andaluz no está para hacer conjeturas".

Preguntado por la declaración de Antonio Albarracín (ex directivo de Vitalia en prisión provisional desde la semana pasada) que pidió la imputación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, del ex presidente Manuel Chaves, de los líderes regionales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, y de los máximos representantes socialistas y sindicalistas de las provincias donde la Junta financió expedientes de regulación de empleo durante la pasada década,, Vázquez manifestó que "me parece un exceso por parte de esa parte que está en la causa de los ERE. Está en una estrategia de defensa y lógicamente ellos sabrán por qué piden ese tipo de imputaciones. Para mí es una exageración, a todos los efectos".

Sobre la figura del ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, para muchos inventor de la fórmula del irregular "fondo de reptiles", el portavoz de la Junta dijo que Viera aun no está imputado por lo que no pude asumir responsabilidad alguna ni dimitir. De ser imputado, añadió, "ya estaríamos en otro escenario".

"La X del puzzle está presidiendo la Junta"

La expresión es del portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, que abundó en que José Antonio Griñán tendrá que explicar a la Justicia lo que no quiso explicar en la Comisión de Investigación.

Para Rojas, que el presidente de la Junta quiere comparecer en el Parlamento andaluz es un "reconocimiento" de que la comisión de investigación parlamentaria celebrada sobre esta materia fue un "paripé", pero dudó que ahora vaya a contar algo diferente en el pleno del Parlamento andaluz.

El portavoz popular se mostró convencido de que Griñán "es el principal responsable político» de este "fraude monumental de más de mil millones de euros» que se «malversaron desde la propia Junta". Y añadió: "La X del puzzle de los ERE está presidiendo la Junta de Andalucía" y "con su firma garantizaba que la partida del fondo de reptiles estuviera bien nutrida" y "tuviera fondos", recogía La Razón.

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