El secretario general del Partido Comunista andaluz (PCA), José Manuel Mariscal, pieza esencial y decisiva de Izquierda Unida en Andalucía, ha dejado claro que aunque se produzcan dimisiones en la Junta y el PSOE por el caso de los ERE, Izquierda Unida no abandonará la coalición de gobierno con el PSOE. Textualmente ha dicho que aunque se produjeran imputaciones en el Gobierno andaluz por las irregularidades de los ERE, "tendrá que dimitir quien tenga que dimitir", pero IULV-CA no se saldrá del Ejecutivo bipartito.
Según Mariscal, los casi 500.000 andaluces que le dieron el voto a IULV-CA en las pasadas elecciones autonómicas "lo hicieron para que barriéramos la casa y no para que la dejáramos abandonada, ni en manos de otros a los que la escoba se les da regular". "Si hay algún imputado, y bajo el principio de ejemplaridad, tendrá que dimitir quien tenga que dimitir, aunque no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer", defendió el líder de los comunistas andaluces.
No erá fácil compaginar esta posición con el no gobernar con corruptos que exige su extrema izquierda nucleada en torno al líder de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Este, como es sabido, ha planteado muchas veces la necesidad de romper ese pacto si finalmente se concretaban responsabilidades por el caso de los ERE.
Tensiones en CCOO
Según se desprende del sumario, UGT y CCOO se embolsaban entre el 0,5 y el 1 por ciento de cada ERE en el que participaron. Reafirma La Razón que el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, en prisión preventiva sin fianza, relató a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que la mediadora para la que trabajaba pagó a los entornos de los dos principales sindicatos de clase 4.291.384,10 euros a través de dos empresas satélites: Temiqui (UGT) y FQT (CCOO).
"A los sindicatos se les abonaba un 0,5 por ciento de la prima por cada expediente en que intervenían, si había dos sindicatos se les abonaba el 1 por ciento para los dos. Si la prima era elevada desde Barcelona recortaban", explicó el ex directivo de Vitalia. Esto ocurrió "entre un 15 y un 20 por ciento de las pólizas de la Junta".
Los sindicatos eran merodeadores/exploradores de los ERE porque disponían de información privilegiada, facilitaban el proceso por sus relaciones con la Junta y las empresas yseñalaban a las mediadoras las empresas a que dirigirse tras tantear a sus direcciones. Estas gestiones sindicales ponían en marcha el "negocio" y sin ellas, el "negocio" se hacía imposible.
Incluso, como se vislumbra en el caso de Mercasevilla, los ERE siempre no eran necesarios. De hecho, la empresa municipal sevillana dirigida por PSOE e IU, de coalición en el Ayuntamiento, llevó a cabo dos ERE financiados con fondos públicos: en 2003 y 2007, aunque de este último se desvinculó el Gobierno andaluz. LO curioso es que en 2003 la Junta prejubiló a 50 personas. Pero justamente desde ese momento contrató a 190 nuevos trabajadores que ponen en entrecicho las intenciones del ERE. En esos ERE intervino, cómo no, Juan Lanzas y no se recuerdan ni se han constatado en las hemerotecas protestas sindicales.
Varias federaciones de CCOO de distintas provincias han reclamado a las Uniones Provinciales del sindicato explicaciones sobre el papel que ha jugado la organización en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La juez Alaya ha logrado despertar inquietud, afirma el diario de Planeta, entre trabajadores y afiliados.
Las Uniones han trasladado la petición al secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, quien, según las mismas fuentes, "tendrá que visitar las provincias para dar explicaciones". "A calmar la desconfianza –suman– no contribuye el que existan imputados en los órganos de dirección actuales". Aluden a Miguel Ángel Soto Cubero, imputado por gastar dinero de determinadas subvenciones en otros menesteres y que sigue en su puesto en la Ejecutiva regional del sindicato.