La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ha abierto este jueves juicio contra los mandos policiales Enrique Pamiés, exjefe superior de Policía del País Vasco y el inspector José María Ballesteros acusados de dar el chivatazo a la red de extorsión de ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún.
En un breve auto, la Sala confirma la conclusión del sumario dictada por el instructor de esta causa, Pablo Ruz, y sienta en el banquillo de los acusados a ambos agentes. El tribunal da un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para presente su escrito de calificación de los hechos de cara a la vista oral. Aunque falta por conocer la fecha concreta de celebración del juicio fuentes jurídicas creen que podría celebrarse antes de verano.
De esta forma, la Audiencia valida los argumentos del juez Ruz que insistió en que Ballesteros fue la persona que entró en el establecimiento de Joseba Elosúa para pasarle una llamada donde se le avisó de que se iba a producir una operación policial conjunta entre España y Francia contra la red de extorsión de la banda terrorista. El centro neurálgico de esta red era el bar Faisán.
Según se desprende de la investigación judicial, desde ese teléfono móvil, Elosúa recibe "por parte de su interlocutor, Pamies, diversa información relacionada con la investigación judicial y policial que estaba siendo llevada a cabo sobre los presuntos miembros de la red de extorsión de ETA y, en concreto, sobre el inminente operativo que debía conducir a la detención de José Antonio Cau Aldanur", quien formaba parte de dicho aparato de la banda en Francia.
El juez procesó a los policías Pamies y Ballesteros por un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos aunque la Audiencia ya señaló que la calificación final de los delitos dependería de la petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Público, el PP, la AVT y la asociación Dignidad y Justicia.
A la hora de dictar el auto de procesamiento de los agentes, Ruz adoptó la postura seguida por la Fiscalía y señaló que "no había lugar a procesar" al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, mano derecha del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.