La orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de pedir condena por colaborar con ETA a los dos procesados por el chivatazo en el Bar Faisán de Irún podría incidir en la acusación que plantee próximamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la pieza principal de la causa, que investiga los pagos de la extorsión etarra.
Así lo han señalado fuentes fiscales, que explican que el criterio adoptado para el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y para el entonces inspector José María Ballesteros debería ser aplicado, por analogía, a los ahora testigos de la causa de la extorsión, que son los empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objetivo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de cambiar la condición de estas personas, de testigos a imputados, se plantearía realizar formalmente una consulta sobre este asunto a la Fiscalía General, según las mismas fuentes.
El pasado 1 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz finalizó la investigación sobre 14 acusados de integrar el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA y de cobrar el impuesto revolucionario a industriales y empresarios que han desarrollado especialmente su actividad en el País Vasco y Navarra.
Entre estos testigos se encuentra el dueño del Bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Imanol Elosúa, y su yerno Carmelo Luquin. Además, hay varios empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto.
Se trata del ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los exmiembros del Consejo de Administración José María Careaga, Francisco Elizalde, Ignacio Orbaizeta y Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad, Jesús Marcos Calahorra.
Estos directivos de la empresa Azkoyen fueron procesados en 2008 por pagar a la banda, entre 1995 y 2001, un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros), que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos terroristas.
El juez declaró también conclusa la instrucción para Juan José Arruti, Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo, José Carmelo Luquín, Ignacio Aristizábal y Jesús Iruretagayena, procesados por delitos de integración con organización terrorista, amenazas terroristas y omisión del deber de denunciar delito.
La red de extorsión de ETA operaba desde abril de 2004 en el Bar Faisán de Irún, regentado por Elosúa y su familia, constituyendo el "centro neurálgico" donde se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los empresarios extorsionados, se entablaban negociaciones sobre los pagos y se entregaban los recibos.
La recepción del dinero y la posterior entrega a los miembros legales del GEZI –aparato de extorsión de la banda– también tenía lugar en el Bar Faisán.
Todos ellos se encuentran procesados por un delito de integración en organización terrorista y por 144 delitos de amenazas al entender que, ayudados por miembros legales –no fichados por la Policía–, participaron en el envío de cartas exigiendo cantidades "arbitrariamente decididas" a los empresarios, en la gestión y en la negociación del pago del denominado impuesto revolucionario.
Los integrantes de la red de extorsión, liderada por Anboto, fueron descubiertos tras hallarse sus huellas en 144 cartas codificadas con los sellos de la banda terrorista ETA que fueron intervenidas en el interior de un vehículo Renault Clio con matrícula falsa situado en la localidad de Taller en diciembre de 2003.