El Cuerpo Nacional de Policía ha desmantelado este martes una trama de empresas que se dedicaba a dar de alta falsos trabajadores con el objetivo de que pudiesen acceder posteriormente al cobro del paro o a diferentes subsidios. En total, han sido detenidas 145 personas y se han imputado por diversos delitos a otras 275 personas, aunque éstas últimas no han sido arrestadas. Los investigadores cifran la cuantía del fraude de al menos 7,8 millones de euros.
Las primeras pesquisas se realizaron cuando se detectó que había un grupo de empresas, exactamente, diecinueve, que estaban inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social aunque no tenían ningún tipo de actividad laboral real y efectiva. Se alertó entonces al Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña.
Estos organismos solicitaron la información existente en la Seguridad Social sobre el entramado de empresas investigadas, de lo que pudieron concluir que la práctica totalidad de las mismas, cuyo objetivo social cuando fueron constituidas era el de la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería, no era otra que defraudar principalmente al Servicio Público de Empleo, mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios por desempleo.
Únicamente dos de las empresas investigadas habían realizado en algún momento algún tipo de actividad real, aunque también había sido utilizado para realizar falsas contrataciones. En todos los casos, las empresas no sólo estaban llevando a cabo el fraude derivado de la prestación por desempleo, sino que además tampoco pagaban las cuotas de seguros sociales que les correspondían por los empleados dados de alta.
Los investigadores también investigaron los expedientes por desempleo de las personas que habían simulado haber trabajado para estas empresas, siendo el perfil mayoritario de los mismos el de personas extranjeras que, no sólo obtenían un beneficio económico al cobrar irregularmente el paro, sino que también utilizaron esos contratos para regularizar su situación legal en España.
Por el momento, según los investigadores policiales, el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social sería de 4,8 millones de euros y el cometido contra el Servicio Público de Empleo ascendería a 2,9 millones de euros, aunque todavía hay múltiples expedientes por analizar, por lo que la cifra total defraudada podrían superar con creces los 7,8 millones certificados hasta ahora.
Coincide con un acuerdo Interior-Empleo
La macro-operación policial se ha conocido, casualmente, coincidiendo con la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, y el de Empleo y Seguridad Social, cuya titular es Fátima Báñez, para aumentar la cooperación entre ambos en la lucha de los delitos contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Ambos ministros han destacado que el número de infracciones detectadas a empresas ficticias –creadas para cobrar de forma ilegal prestaciones de todo tipo– ha aumentado un 198,3 por ciento en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2012, y señalaron que "defraudar a la Seguridad Social es defraudar a toda la sociedad, pero en especial en estos momentos, es sobre todo, defraudar a los parados, jubilados y pensionistas".
Según cifras aportadas por el ministro del Interior, durante 2012 se llevaron a cabo 14.000 actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado contra este tipo de delitos, que acabaron con 447 personas detenidas por delitos contra la Seguridad Social y a 930 por delitos contra trabajadores.