El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio María López, aseguró el jueves en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz que el 44% de las 1.924 entidades que constituyen el sector público local andaluz no ha cumplido su obligación de rendir cuentas.
El sector público local andaluz lo forman ocho diputaciones provinciales, 771 ayuntamientos, 50 entidades locales autónomas, 87 mancomunidades, 209 consorcios, 365 organismos autónomos y 434 sociedades mercantiles.
En su comparecencia, López ha propuesto medidas que "refuercen el deber de cumplir la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales", entre ellas exigir esa práctica "como requisito previo en la solicitud de ayudas y subvenciones" o para participar en los tributos de la comunidad.
López reconoció a El Economista hace pocas fechas que "en Andalucía, la situación es más aguda porque en 2010 eran más del 50 por ciento los ayuntamientos que no rendían cuentas. Aunque no es igual en todos los ámbitos de la administración local, ya que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -29- y las diputaciones, presentan un nivel de rendición bastante fuerte. Es en los ayuntamientos pequeños, por debajo de 5.000 habitantes -hay más de 500 en Andalucía-, donde está fallando la rendición.
Y añadía su visión del desmadre general de la gestión socialista en la Junta de Andalucía en su obligación de velar por la salud del sector público local: "También falla el control interno en el sector público. No hay inventarios actualizados, no hay manuales de procedimiento, no están separadas funciones clave. Hay también un incumplimiento reiterado de principios contables a la hora de elaborar los presupuestos. También se sobrepasan con demasiada frecuencia, en muchos ámbitos de la administración, los gastos autorizados, presupuestados. Se incumple también la normativa de contratación de personal, es decir, si se cumplen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Contrataciones de obras, concesión de subvenciones, insuficiente control de entes satélites. Es cierto, se va repitiendo todo esto. Aunque en el ámbito local se producen más".
La gestión pública cuesta un 6% más
La propia Cámara de Cuentas ha estimado que la gestión de la Junta y los Ayuntamientos encarece la prestación de servicios en un 6 por ciento de media, pero que tal cosa "es un coste más, pero cuando una entidad acude a un ente instrumental para realizar una tarea está contemplando muchos aspectos. Incluso puede que en el global, incluyendo ese canon de gestión, puede que el ente instrumental logra unos ahorros en otras facetas que no lograrías con un ente externo".
López decía que "cuando se tiene que gestionar un servicio público se tiene que realizar un análisis serio, riguroso de cuál es el mecanismo más adecuado. No dejarse llevar por prejuicios ideológicos: ni toda la gestión privada es lo mejor, ni toda la pública. En algunos ámbitos de la gestión pública puede ser interesante dar entrada a la iniciativa privada. En otros, lo más eficiente es usar un ente público u otro mecanismo.
No se rinden cuentas
Dado que la Cámara de Cuentas de Andalucía existe desde 1988 cabe preguntarse cómo es que tal grado de incumplimiento del deber de rendir cuentas se ha podido sostener en el tiempo y cuál ha sido el comportamiento de la Cámara para hacer posible que más de 800 entidades públicas locales no rindan cuentas a nadie.
López ha dicho además que ahora están estudiando una modificación normativa que permita imponer "multas coercitivas personales a los responsables, sean políticos o funcionarios, de no rendir cuentas". Además, ha propuesto adelantar los plazos de rendición de la Cuenta General de la Junta de Andalucía para que el informe de fiscalización tenga un horizonte temporal más cercano al ejercicio auditado.
No cumple el objetivo de déficit
López, una vez liquidado el Presupuesto andaluz de 2011, ha confirmado que se ha incumplido "claramente" el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit del 3,41 %, cuando el objetivo se fijó en el 1,3 %. En este sentido, López detalló que la necesidad de financiación de ese año en Andalucía, "en términos de contabilidad nacional, alcanza la cifra de -4.957 millones de euros, que representa el 3,41 % del PIB".
En las conclusiones y recomendaciones tras fiscalizar la cuenta general, la contratación pública y los fondos de compensación interterritorial de 2011, la Cámara pide que se incluyan como derechos de cobro de difícil o imposible recaudación no sólo los superiores a cinco años, sino a los que tengan menos antigüedad.
También se critica que los programas como instrumentos de planificación y seguimiento de las políticas presupuestarias sufren "merma de la utilidad" por el hecho de que se traspasan créditos de unos programas a otros al margen de modificaciones presupuestarias.