Los millonarios de los ERE, muchos en millones de pesetas y una decena de imputados por ahora incluso en millones de euros, se aprovecharon de una organización muy elaborada con base central en la Junta de Andalucía para desviar dinero de las sobrecomisiones a sus bolsillos. Muchos de ellos están vinculados al PSOE, otros a las mediadoras y todos los del conjunto de los intrusos, casi siempre, al PSOE o a los sindicatos. El último intruso conocido es el diputado socialista vasco Antxon Aso Martínez.
Si añadimos el conjunto de los intrusos, esas "personas especiales", según las mediadoras, se embolsaron en conjunto y que se sepa hasta el momento más de 18 millones de euros de manera indebida.
Uno de estos millonarios, tal vez el más destacado, es Juan Lanzas, que fue alto cargo de la UGT y de su federación de Alimentación al que la Audiencia de Sevilla ha impuesto una fianza de 450.000 euros para salir de prisión. Sólo él ingresó de la trama 2.972.943 euros, pero es que una cantidad parecida fue ingresada por su mujer. O sea, casi seis millones. Desde la puesta en marcha del negocio, adquirió 11 propiedades, seis de ellas urbanas, cinco rústicas y un apartamento en Torremolinos para sus padres (que presumían de su que hijo tenía dinero para asar una vaca). Conocido es el hecho de que su madre afirma que le metía en la cartilla semanalmente 20-25.000 euros y que su padre dijo que tenía guardado dinero "hasta pa´asar una vaca"
Antonio Albarracín, acusado de seis delitos y director general de Vitalia y su mujer, María José Marcos, que no trabajaba aunque estaba dada de alta en autónomos, ingresaron gracias al tinglado de los ERE cinco millones de euros. Pasaron de tener cuatro inmuebles en 2001 a 16 en 2011 con un valor catastral de casi 1,5 millones.
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, además de los regalos que recibía de Lanzas, como sus viajes gratis a Egipto y China, ingresó en sus cuentas alrededor de un millón de euros. Su mujer y su hija menor también recibieron dinero y desde el principio del negocio de los ERE, se compró cuatro inmuebles.
Enigmático es el caso de José González Mata, dueño de Uniter que aún no ha declarado porque a pesar de que Ingresó más de 1.200.000 euros junto con su esposa y adquirió 29 propiedades, Volvo y Golf, incluidos, defiende su total inocencia y dice que todas las cuentas de la Guardia Civil y la jueza están equivocadas. Tiempo tendrá de aclararlo en su próximo interrogatorio.
María Vaqué, directiva de Vitalia ha reunido un patrimonio de 60 millones de euros no se sabe qué parte procedente del tinglado de los ERE.
Jesús Bordallo, otro directivo de Vitalia, ingresó más de 1.700.00 euros y se compró cuatro inmuebles.
El abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, obtuvo más de un millón y cuatro inmuebles. Fue testaferro de un entramado societario formado por las siguientes empresas: Servicios Inmediatos de Andalucía S.L, Atrado Mensajería S.L., Conexión en Reparto S. L., y Estudios Agenciales S.L..y colocó a miembros de su familia en la trama a pesar de no tener experiencia ni formación alguna.
El último intruso, el diputado socialista Aso
El exdiputado del PSE en el Parlamento Vasco Antxon Aso Martínez aparece como beneficiario de una póliza en Morgan and Meyer, una empresa del grupo Vitalia. Aso fue "incrustado" por el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Aso fue responsable de la UGT en el País Vasco.
El motivo era pagarle unos cursos de formación que había impartido para la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral SL (Cenforpre), donde trabajaba el exfutbolista «Pizo» Gómez, otro intruso. El propietario de esta empresa, Miguel Errecalde, contó a la Guardia Civil, que fue Guerrero el instigador
18.770,91 euros, según el informe policial conocido tras el levantamiento del secreto del sumario, habrían ido a parar a las cuentas del socialista vasco, a quien se atribuyen delitos de cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental. El propio Aso Martínez reconoció que como consecuencia de la operación cobraba unos 2.000 euros al mes
Desde junio de 2009 como apoderado de Cenforpre, a pesar de que su vida laboral revela que trabajó para la empresa desde enero de 2006 y entre 2001 y 2003.
Respecto al exfutbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, se baraja el cobro de una póliza de 491.424 euros del "fondo de reptiles" por unos cursos sobre riesgos laborales que en realidad nunca impartió la empresa Cenforpre.
Consejeros y "señores del sur"
El dinero que salía de la Junta para el pago de las prejubilaciones de los ERE y que se contrataba por vía de mediadoras, se regaba, bajo la forma de sobrecomisiones, sobre todo, en dos de ellas: la consultora Vitalia, que se embolsó más de 21 millones en los expedientes que gestionó (según El País porque El Mundo lo cifra en 30) y Uniter, que se quedó con más de 13 millones. A estas alturas, la Guardia Civil hace responsable del pago de estas sobrecomisiones a los exconsejeros socialistas José Antonio Viera y Antonio Fernández como "superiores jerárquicos" del ex director general Javier Guerrero.
En el punto de mira de la instrucción, además de los ex consejeros, están los conocidos como "señores del Sur", a los que según se ha comprobado desde que se levantó el secreto del sumario, fueron a parar 400.000 euros. Los "señores del Sur" eran aquellos que tenían poder para decidir cómo y de qué comisiones se trataba y con qué mediadoras se contrataba.
Cuando la Guardia Civil comenzó a investigar, se destruyó el dominio desde el que el ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín intercambiaba correos con Guerrero. Respecto al dueño de Uniter, José González Mata dice el informe policial: "Pacta directamente con la Junta las sobrecomisiones que recibe (...) parte de este dinero se habría desviado para pagar servicios de terceras personas, entre ellas el despacho de abogados Villasís, Juan Lanzas, organizaciones sindicales y el propio Guerrero". Creen además que era "conocedor y colaborador en la inclusión de intrusos en los expedientes".
Un indicio del caso conduce a subvenciones a diferentes empresas que tenían un único destino, una "repetidísima" cuenta bancaria que era el destino final de muchas de las ayudas directas concedidas a empresa si bien sus titulares no han sido identificados. Al parecer, estas ayudas directas a empresas no existieron y el dinero fue aprovechado por miembros de la trama corrupta identificada por la Guardia Civil para desviar fondos.
La Junta detectó otras cuentas bancarias con graves sospechas de esconder pagos y cobros turbios. Una de ellas es Below Marko, cuyo apoderado fue Juan María González, hermano del expresidente Felipe González. Otras dos, Enoworld y Corchos Higuera, están vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y Producciones Barataria, firma de Beatriz Pérez, hermana de la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta Pilar Pérez. La Junta pidió por ello la imputación de Borbolla.
Según un empleado del BBVA, había una cuenta "habitual" en los casos de subvenciones anticipadas que según El País era a la que se dirigía el dinero de las subvenciones de manera mecánica. Así consta un correo electrónico: "Un empleado de BBVA le comunica a Javier Guerrero (...) que la cuenta de ingreso será la habitual en los casos de las subvenciones anticipadas". Es decir, existía una cuenta en la que acababan ciertas subvenciones de manera mecánica.