La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, ha citado a declarar como imputados a seis empresarios cuyas sociedades realizaron ofertas en el concurso para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos, entre ellos Eduardo Báñez González, fallecido hace varios años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La magistrada habría citado a declarar al padre de la ministra por error tras coger los datos directamente del Registro Mercantil, donde aún figuraría Eduardo Báñez González como consejero delegado de Construcciones Juan de Robles.
Fuentes de la familia Báñez han explicado a Libertad Digital que el caso ya fue investigado por la Guardia Civil y que resolvió que no existía ningún tipo de implicación. Explican estas fuentes que la empresa familiar participó en un concurso público del Ayuntamiento y que finalmente no falló en su favor.
Las fuentes consultadas aseguran que la juez está llamando a todas las empresas que participaron en dicho concurso pero aseguran que no existen ningún tipo de implicación en la trama de Mercasevilla.
Fue en junio del año pasado cuando la juez Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de los suelos de Mercasevilla, imprimió ritmo a la investigación de esta variante del caso con una orden expresa a la Guardia Civil para que investigase las "relaciones societarias" entre las empresas participantes en el concurso público para la opción de compra de los terrenos del Mercado mayorista.
Se encargó de la investigación el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo que ya colaboraba con Alaya realizando funciones de Policía Judicial en las diligencias abiertas a raíz del escándalo de las ayudas relacionadas con los ERE fraudulentos, aunque en este caso la investigación se encomendó a la unidad de delitos económicos. En la orden que dio a la Guardia Civil, la magistrada sospechaba que el concurso público estaba "predeterminado" para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a la empresa Sanma, filial del grupo Sando, y en numerosas ocasiones se ha referido a la adjudicación "irregular" e "ilegal" del concurso.