Cuatro días después de que trascendiera el informe sobre las ventas de fincas atribuidas a la hija menor del Rey, el ministerio de Hacienda ha hecho público un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo". El número del DNI de la infanta es el 14.
Según el comunicado del ministerio de Montoro, los datos que la Agencia Tributaria remitió al juez Castro "son los que figuran en sus bases de datos, que son proporcionados por terceros, y se enviaron en respuesta a la petición recibida el 31 de mayo".
La nota de Hacienda está llena de excusas: "Estas peticiones de información de Juzgados y Tribunales son habituales y la Agencia Tributaria tiene obligación de cumplimentarlas en virtud del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo su objeto poner a disposición de la Justicia los datos que le constan para su ulterior comprobación y valoración. En respuesta a estas peticiones se remite un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años y que es solicitada para ser remitida en plazos muy breves. Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, baste el dato de que anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes", continúa justificándose la Agencia Tributaria.
"En el presente caso, el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a Doña Cristina de Borbón y Grecia es consecuencia de que la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo", dice el ministerio de Montoro. "La Agencia Tributaria no comprobó ni verificó los datos que remitió al juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Además, la información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa", dice el comunicado.
Finalmente, el ministerio de Montoro, que no pide disculpas en ningún momento, dice que "la Agencia Tributaria tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse por lo que, a estos efectos, va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información".
Los técnicos de Hacienda no se lo creen
Varios datos de los aportados por el Ministerio de Hacienda chirrían. El primero de ellos es que este error se cometiera, precisamente, con relación al proceso en el que se investiga a la infanta Cristina, que está sometido, según técnicos de Hacienda consultados por LD, a un escrupuloso examen. Así lo ha ratificado el secretario general del sindicato Gestha a esNoticia, de esRadio: "Todo lo que escriben los peritos está siendo revisado escrupulosamente".
Para Gestha, el comunicado "sigue adoleciendo de insuficiencias" porque no despeja otra de las dudas básicas: por qué, en su día, no se solventó el error si la información data de 2005 y 2006.
En este sentido, José María Mollinedo ha insistido en que no creen en que esto se trate de "un error casual". "La información se ha enviado siendo conscientes de lo que se hacía".
El juez estudiará toda la documentación
Por su parte, el juez del caso Nóos, José Castro, ha recibido documentación del Colegio General del Notariado y de varios registros de la propiedad sobre las fincas de las que le informó el pasado viernes la Agencia Tributaria y examinará si la infanta Cristina es "adquirente o transmitente" de alguna de ellas.
El magistrado estudiará si "en el tracto registral" de las fincas en cuestión y escrituras públicas aportadas aparece la infanta Cristina con su identidad, "con parte de ella, con solo su tratamiento o con solo su DNI" y hará constar sus conclusiones al respecto en una providencia, según ha anunciado este mismo martes en otra resolución judicial.
Castro ha trasladado a las partes que están personadas en el caso Nóos los escritos que ha recibido desde los registros de la propiedad de Alicante, Pilar de la Horadada y Arenys de Mar y un acuse de recibo del de Almagro, así como también de la documentación aportada esta mañana por el Consejo General del Notariado sin que el juez la hubiera pedido.