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El PP expulsa a Rafael Blasco de su grupo parlamentario en las Cortes valencianas

El exconsejero, implicado en el caso Cooperación, cuestionó en un programa de televisión la política de Fabra contra la corrupción.

LD / agencias
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El exconsejero y diputado popular en las Cortes valenciana Rafael Blasco ha quedado expulsado del grupo popular después de que el Comité de Garantías del PPCV haya decidido este sábado inhabilitarle "para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular o en representación de éste", además de abrirle un expediente sancionador y suspenderle cautelarmente de militancia.

Según han informado fuentes del partido, la resolución de este órgano será trasladada a Génova para su ratificación, así como al grupo parlamentario popular en la Cámara autonómica y desde este, a la Mesa de las Cortes. La inhabilitación, en todo caso, supone que Blasco no puede estar dentro del grupo porque, "como diputado, ha de representar las políticas del PP" y a partir de ahora no puede hacerlo.

La reunión ha comenzado a las 10.30 horas en la sede del PPCV de la calle Quart y unas tres horas después se han dado a conocer estas medidas disciplinarias por la comisión de infracciones tipificadas como "graves y muy graves", después de que Rafael Blasco cuestionara en un programa de televisión la política de Fabra contra la corrupción y sugiriera que se ha dirigido a la Abogacía de la Generalidad contra él.

El vicepresidente y portavoz del Consejo, José Císcar, ya advirtió este viernes de que la relación de sanciones que contemplan los estatutos del PPCV para Blasco por sus manifestaciones en televisión es "amplia" y "podría llegar incluso a la expulsión del partido".

También el presidente de la Generalidad y del PPCV, Alberto Fabra, indicó este jueves que estas manifestaciones serán objeto de estudio para ver si se aplicaban sanciones. El jefe del Consejo ha explicado en diversas ocasiones que debían cumplirse dos condiciones para que Blasco dejara el grupo parlamentario, la primera de ellas es el informe ya emitido de la Abogacía de la Generalitat, y la segunda la posible apertura de juicio oral.

La Abogacía de la Generalidad solicitó una pena de 11 años y medio de prisión por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza del caso Cooperación relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según su escrito de calificación provisional, mientras que la Fiscalía pide para él 14 años de cárcel.

Tras conocer los informes de la Abogacía y la Fiscalía Blasco se mostró "absolutamente convencido" de su inocencia y afirmó que se mantendría en su escaño en las Cortes ya que accedió al parlamento mediante una lista electoral. "Consecuente con una elección democrática, voy a mantenerme en el escaño que me corresponde por decisión de la voluntad de todos los ciudadanos", dijo el pasado 5 de junio. Asimismo, respecto a las acusaciones, manifestó que son "inciertas" y no tienen "ninguna base ni fundamento". "Son meras especulaciones", insistió.

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