Después de la nota emitida por el Ministerio de Hacienda este martes por la noche, y de las explicaciones a puerta cerrada de este miércoles del Presidente de la Agencia Tributaria, el Gobierno insiste en atribuir a "errores aleatorios" el caso de las 13 fincas atribuidas a la infanta entre 2005 y 2006.
De estos errores, sitúan 11 de ellos en Notarios y Registradores mientras que asumen 2 como propios de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Después de la nota emitida por los Notarios, son los funcionarios de la Agencia Tributaria quienes defienden su postura.
"Ante el desprestigio al que están siendo sometidos y la falta de contundencia en su defensa por parte de los directivos de este organismo", el sindicato CSI-F emite una nota para "defender la profesionalidad de los empleados públicos".
Y su defensa no está exenta de polémica ya que aseguran que "el conjunto de los empleados públicos de la Agencia Tributaria no tienen autorizaciones para controlar a este tipo de perfil de contribuyentes, con lo que deben ser los responsables de la AEAT los que den una explicación sobre lo ocurrido".
Aprovechan la ocasión para denunciar que "los medios humanos con los que cuenta la AEAT son insuficientes para una lucha eficaz contra el fraude fiscal". Rechazan las "explicaciones sobre la investigación interna" ya que "pone en duda la veracidad de la información que la AEAT pueda suministrar a los órganos judiciales que se lo requieran, en la multitud de casos relacionados con el fraude fiscal que están en los tribunales".
Por último, lanzan un dardo envenenado: "La Agencia Tributaria dispone de suficientes medios de control y de sobrada información en sus bases de datos para que estos errores no se produzcan". Y plantean las siguientes preguntas:
- "¿Qué departamento controla a este perfil de contribuyentes?"
- "¿Por qué han existido estas lagunas en el volcado de información en el sistema informático?"
- "¿Por qué no se ha requerido en su momento por esas transmisiones patrimoniales?".