El abogado Carlos Leal Bonmati, director del Bufete Estudio Jurídico Villasís y acusado de ocho delitos por su mediación en los ERE, ha quedado la pasada madrugada en libertad tras depositar en efectivo la fianza de 150.000 euros que le exigía la juez Mercedes Alaya.
Para pagar la fianza, el letrado ha recurrido a dinero repartido en billetes de distintas cantidades, algunos de hasta 20 euros, que le han prestado sus amigos, un hermano y su esposa, que llegaron con el efectivo seis horas antes de conocerse el auto de la juez, que lo notificó a las 02.30 horas.
La juez ha decretado una responsabilidad civil para el abogado de 34,8 millones de euros, mientras que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado 25 millones. La puesta en libertad de Carlos Leal, que tendrá que comparecer cada jueves en el juzgado de Instrucción 6, que instruye la causa, se demoró unos minutos porque, tras entregar el dinero, no pudo depositar el pasaporte porque lo había olvidado en su casa.
En el auto de prisión eludible bajo fianza, la juez indica que en el ERE de Primayor Foods "fue activa la participación en este expediente de Juan Lanzas, quien con la mediación de Gaspar Zarrías, (vicepresidente de la Junta de Andalucía) habría contactado con la familia Ruiz Mateos para recolocar en Dhul parte de los extrabajadores de Primayor".
La juez acusa a Leal de montar con su bufete un "centro de lavado de dinero", indica que le facturó más de un millón de euros al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas y que era "conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones" que las mediadoras Uniter y Vitalia cobraban de la Junta de Andalucía.
Alaya también señala que, tras ser contratado por la mediadora Uniter, constituía asociaciones de extrabajadores para su asesoramiento individual, "invento extremadamente caro, financiado en buena parte por la Junta de Andalucía, por el mantenimiento de la llamada "Paz Social" ante la multitud de trabajadores desempleados".
El abogado del imputado, Miguel Villegas, ha insistido ante los periodistas que su cliente "no ha tocado un euro de dinero público", y ha mostrado su satisfacción por la puesta en libertad del mismo. La Fiscalía solicitó una fianza de 225.000 euros, petición a la que se unió el PP, mientras que la Junta de Andalucía, personada en la causa, pidió la retirada del DNI y el pasaporte y la obligación de que el abogado compareciera periódicamente en los juzgados, y UGT no solicitó medidas cautelares.
El abogado ha sido el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas, cinco de las cuales están en prisión. El abogado, que empezó su declaración ayer, está acusado de ocho delitos: malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación impropia, contra la hacienda pública, asociación ilícita y cohecho, que habría cometido desde 1999, cuando se produjeron los primeros ERE fraudulentos.