Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en la mañana de este martes al exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, y a su esposa, Ana Vaquero, dentro de la investigación por las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, además de detener a Domingo Enrique Castaño y a su mujer, los agentes del Instituto Armado están registrando en estos momentos un chalet de verano que la pareja tiene en Las Pajanosas, en la localidad sevillana de Guillena.
Domingo Enrique Castaño, ex consejero de Mercasevilla, fue señalado en su día por el entonces líder del PP de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quién expuso el nombre de Castaño, alegando que siempre aparecía en los escándalos y "en el último Pleno le pedí hasta tres veces que explicara sus intervenciones", según recogió ABC Sevilla.
Domingo Enrique Castaño fue asesor de Monteseirín y entró a formar parte del gobierno de Mercasevilla en los meses previos a que se llevase a cabo la adjudicación de la compra de los terrenos del mercado a la constructora Sando, pese a que presentó una oferta económica más baja que el Grupo Noga.
Según destacó el concejal del PP, Beltrán Pérez, "Castaño no era un consejero más. Él estaba en el órgano de control y dirección de la empresa cuando se gestó la operación con Sando, adonde luego se ha ido a trabajar, y viene de aparecer en todos los escándalos de este gobierno", tal y como recoge el citado diario local.
Hasta tal punto fue su implicación en el caso Sando que El País recordó que entre la documentación que estudiaba la juez Alaya había correos intercambiados entre Vía Pública y la trabajadora de Urbanismo María Victoria Bustamante -que fue imputada- para modificar los pliegos de venta de los terrenos de Mercasevilla.
El PP recordó en una rueda de prensa la "estrecha relación" entre Castaños y el ex alcalde socialista Monteseirín.
Investigación por "enriquecimiento sospechoso"
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó investigar, por su "enriquecimiento sospechoso", el patrimonio del que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, imputado dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.
En un auto dictado el pasado 31 de julio de 2012, la juez instructora puso de manifiesto que, "dentro de las diligencias de investigación que se vienen practicando por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han tenido conocimiento del enriquecimiento sospechoso" de Domingo Enrique Castaño debido "al elevado gasto realizado" por el imputado "en un periodo reducido de tiempo".
De esta manera, la magistrada concluía que "procede profundizar sobre la investigación patrimonial" de Castaño "y de su entorno", todo ello "por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie", y a fin de "confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados".
Por el mismo motivo, la juez Mercedes Alaya ordenó a la UCO de la Guardia Civil, en concreto al Grupo de Delitos Urbanísticos, "profundizar" en la investigación patrimonial de Domingo Enrique Castaño y de su pareja, Ana Vaquero, mientras que también libraba una serie de mandamientos a distintas instituciones para que aporten información sobre ambos.
De hecho pidió a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que "den instrucciones a sus asociados" para que "de forma directa" facilitaran a la UCO información de ambos sobre cuentas bancarias, depósitos, valores, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos financieros, "y sobre cualquier otra que hubieran tenido, aunque en la actualidad se encuentren canceladas", ya sea como titulares o autorizados.
Asimismo, ordenó que se identificara al resto de intervinientes que figuran en dichos productos bancarios, "ya sean como titulares, autorizados o de cualquier otra forma", así como que entreguen "extracto de todos los productos anteriores desde el 1 de enero de 2005 hasta la actualidad".
Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados en esta línea de investigación la que fuera en la fecha de los hechos directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, y el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla Jorge Piñero.
Asimismo, permanecen imputados la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la que era ese momento subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el que fuera en la fecha de los hechos aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.