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España contesta a Reino Unido: los controles en Gibraltar son "irrenunciables"

Tras la convocatoria del embajador español, Exteriores responde que los controles, motivo de la queja británica, continuarán.

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La Embajada española en Londres ha trasladado este viernes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido que los controles en la frontera con Gibraltar son "irrenunciables".

Según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press, éste ha sido el mensaje que ha transmitido el encargado de negocios de la Embajada, Ramón Gandaria, al diplomático británico Simon Gass, con quien se ha reunido esta tarde.

Reino Unido había convocado al embajador español, Federico Trillo, para expresarle su "seria preocupación por los retrasos en la frontera entre Gibraltar y España" y para pedir garantías de que los registros exhaustivos a los vehículos "no se repetirán" este fin de semana.

Al no encontrarse Trillo en Londres, ha sido Gandaria el encargado de responder a la convocatoria, "un trámite normal" para la expresión de quejas entre Estados, en la que ha explicado cuál es la posición española.

Así, le ha recordado que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y, por tanto, no es un territorio comunitario en el que haya libre circulación de mercancías ni régimen común del IVA. Por esto, España está "obligada" a realizar controles en la verja, "necesarios" para "evitar los tráficos ilícitos que se producen en la zona".

Estos registros son de documentación, de naturaleza policial y aduanera, y se hacen a personas, vehículos y mercancías. No se trata de contramedidas, han insistido las fuentes, que recuerdan que tampoco violan el principio de no discriminación ni la libre circulación, porque se aplican a "todo aquel que pase por la frontera", y guardan "proporcionalidad" con el fin que buscan de "evitar tráficos ilícitos".

Lanzamiento de bloques de hormigón

Este mensaje ya fue transmitido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la conversación telefónica que tuvo el pasado domingo con su homólogo británico, William Hague, que le telefoneó para protestar por los retrasos que se habían registrado ese fin de semana para atravesar la frontera.

El conflicto comenzó por el lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas del Peñón, de jurisdicción española, denunciado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Según dijo el alcalde, los bloques, llenos de pinchos, tenían como objetivo dificultar la labor de los pescadores españoles mediante un arrecife artificial.

Momentos de "tensión"

Esta semana, el ministro de Agricultura presentó ante la Fiscalía una denuncia por posible delito medioambiental por parte de las autoridades gibraltareñas, en relación a los "setenta bloques de hormigón" lanzados a la bahía el 24 y 25 de julio. La propia Guardia Civil constató cómo se estaban lanzando los bloques. El barco responsable se alejó en cuanto vio a la patrullera y preguntó si tenían permisos, informa Europa Press.

El lanzamiento de bloques se realizó en varias ocasiones y según la denuncia, se vivieron momentos de tensión con los pescadores. En una de las ocasiones, una patrullera semirrígida gibraltareña trató de "golpear el casco" de uno de los pesqueros "en repetidas ocasiones", lo que obligó a la Guardia Civil a "interponerse".

En su denuncia, el Ministerio de Agricultura explica que, según el sector pesquero de la Bahía, "ha quedado afectada la totalidad de las modalidades y especies que eran habituales en la flota, tanto de Algeciras como de La Línea de la Concepción".

"La consecuencia de estas acciones es la imposibilidad de pescar con rastro remolcado, mientras que en el caso del cerco dependerá de la profundidad a la que hayan sido hundidos los bloques que, al parecer, están recubiertos de ganchos que favorecen el enganche de redes", explica el documento.

El Departamento que dirige Arias Cañete considera que estas acciones pueden ser "susceptibles de sanción por infracción" de una serie de normas jurídicas, entre ellas el Código Penal. También considera que pueden haber sido contradichas la ley de protección del medio marino y la ley de costas. Además, podría suponer una falta por no contar con las autorizaciones para realizar este tipo de actividades.

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