Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, podría ir a la cárcel y ser inhabilitado por el vertido de bloques de hormigón con pinchos, si prospera la querella criminal presentada por la asociación granadina Club de la Constitución. Sus miembros han registrado una denuncia contra él como acusación popular porque ha reconocido que él fue el ideólogo del vertido en la bahía.
Entre otras diligencias, solicitan al juzgado de guardia linense que curse órdenes a la Interpol para la detención de los diez querellados al objeto de que se les tome declaración, tras lo que podrán ser dejados en libertad bajo fianza de 50.000 euros cada uno a fin de hacer frente a las responsabilidades civiles y penales a que deban hacer frente. Les acusan de un presunto delito ecológico, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.
El presidente de la Asociación, José Torné- Dombidau, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, ha explicado a LD algunas de las claves de la querella.
¿Por qué esta querella criminal contra Picardo?
El cumplimiento del ordenamiento jurídico tanto nacional como europeo no autoriza a los vertidos clandestinos, aquellos que se realizan sin autorización de ninguna clase.Gibraltar lo ha estado haciendo con los bloques de hormigón. Eso es un vertido clandestino, un termino jurídico. Ya que no han pedido autorización, ni a las autoridades andaluzas, ni a las estatales.
¿Está penado en las leyes españolas y británicas?
Está en el código penal, en el artículo 325, que tipifica como conducta delictiva el vertido al mar de estos elementos que han echado sin autorización ni permiso alguno. Partimos de la base que Gibraltar es un territorio a descolonizar, es una colonia, no tiene aguas jurisdiccionales propias.
¿Con qué está penado?
Está penado de 2 a 5 años de privación de libertad y multa y las penas accesorias de inhabilitación para ejercicio de cargo público.
¿Qué trámites seguirá ahora? ¿Afectaría la condición de Picardo como ministro de Gibraltar? En España esa figura se consideraría como aforado.
La querella ha sido presentada en territorio español y ante un órgano jurisdiccional español (el juzgado de guardia de la Línea de la Concepción) y, en consecuencia, este órgano está obligada a tramitarla con arreglo, primero, a la legislación española. Si después, tiene que pedir que el Consejo General del Poder Judicial tenga que mandar una comisión rogatoria a Londres, si tiene que cumplimentar otros tratados o convenios internacional, pues la autoridad judicial está totalmente legitimada para solicitar lo que prevean estas normas internacionales. Es decir, se sigue el curso normal de una querella y si es un extranjero el querellado habrá que ver que legislación es la aplicable y que status jurídico tiene el querellado.
Entonces, ¿podríamos ver a Picardo en la cárcel por este caso?
Sí, hemos pedido que se cursen las correspondientes órdenes a INTERPOL. En caso de encontrarse en el extranjero, o la correspondiente orden de busca y captura de encontrarse en territorio nacional. Una vez les sea tomada declaración, podrán ser dejados en libertad bajo pago de fianza de 50.000 euros cada uno a fin de hacer frente a las posibles responsabilidades civiles y penales a las que deban hacer frente.
¿Qué valoración hace de la información publicada hoy en ABC que demuestra que el Gobierno de Gibraltar está ampliando territorio a base de ganar territorio al mar? ¿Hay posibilidad de otra querella?
Otra conducta que no es acorde con usos normales de países civilizados. Los límites de Gibraltar son estrictos, están reflejados en el tratado de Utrech de 1713, donde se dice qué es lo que la monarquía española cede a la corona británica y se dice de una manera muy clara. Esta política expansionista es de mala vecindad y los tratados están para cumplirlos.
Se suma a la denuncia de España ante la Fiscalía
La querella presentada pide además informes sobre el vertido al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Español Oceanográfico. Además, reclaman que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aclaren si hubo "solicitud por parte de las autoridades locales de Gibraltar" previa al lanzamiento de los bloques de hormigón, así como la toma de declaración a pescadores y miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que presenciasen los hechos.
Esta medida se suma a la denuncia contra las autoridades gibraltareñas del Ministerio de Agricultura español ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Acusaban a Gibraltar del lanzamiento "sin ningún tipo de autorización e incumpliendo varias normas medioambientales" de setenta bloques de hormigón, lo que considera que es susceptible de ser delito medioambiental. La denuncia esgrimía los daños "graves" en el caladero y el perjuicio para el sector pesquero.