Tres escándalos, el caso Bárcenas, el de los ERE en Andalucía y el chivatazo a ETA marcarán el otoño judicial y tendrán previsibles consecuencias en un curso político que se prevé agitado.
En la Audiencia nacional, el juez Pablo Ruz seguirá, a su vuelta de vacaciones, indagando en la supuesta contabilidad B del PP desvelada por el extesorero Luis Bárcenas y tratando de concretar los delitos que pudo cometer el partido (cohecho y fraude fiscal), para lo que está a la espera de varios informes.
El juez se incorporará a su despacho el 9 de septiembre y tan solo un día después tomará declaración a varios empleados del PP, en concreto las secretarias de Bárcenas y su antecesor Álvaro Lapuerta y los auditores internos del partido.
Paralelamente, intentará terminar la instrucción de la maraña Gürtel, causa madre del caso Bárcenas con un centenar de imputados que investiga los supuestos favores al PP a cambio de contratos públicos de una trama de empresas liderada por Francisco Correa.
El escándalo del chivatazo, a juicio
En el banquillo de la sede de San Fernando de Henares se sentarán, desde el 16 de septiembre y durante tres días, el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, acusados de revelación de secretos y colaboración con ETA.
De este último delito han sido procesados por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tal y como quiso remarcar en su escrito de acusación el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Carlos Bautista.
La maraña de los ERE en Andalucía
Mientras, en Andalucía, la juez Mercedes Alaya continuará con la instrucción de la causa de los ERE. Con la incógnita de si llegará la imputación a José Antonio Griñán, que ha dejado el cargo forzado por este escándalo de corrupción, Alaya regresa en septiembre de sus vacaciones para retomar un caso que ya acumula 116 imputados, de los que 43 lo han sido en el último mes y un total de 73 no han prestado aún declaración judicial.
En un auto del 28 de junio, Alaya imputó a veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, pues a su juicio "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que habrían permitido el "uso indebido de las transferencias de financiación" y el "dispendio continuado de fondos públicos".
La juez cree que los imputados idearon o perpetuaron el sistema de ayudas mediante transferencias de financiación, que tendría por objeto "eludir los controles que podía ejercer la Intervención" y favorecer a familiares y amigos de "altos cargos de la Junta o del PSOE".
Lo prolijo de la instrucción y su extensión en el tiempo hicieron que en los últimos meses se multiplicaran las presiones a la juez, desde el poder judicial y desde el PSOE, para que deje el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El debate abierto antes del verano sobre la necesidad de que Alaya se inhiba a favor del Tribunal Supremo o el TSJA ante la hipotética imputación de Griñán o algunos consejeros, quedó, sin embargo, despejado en agosto cuando la Audiencia de Sevilla aseguró que, previamente, la juez debe "apurar y depurar" la investigación.
Además, "nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar", según la Audiencia.