La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, investiga si el PSOE de Sevilla se financió ilegalmente a través de facturas falsas o de una empresa fantasma dentro de la operación Madeja tras la confesión de un imputado, según informa El Mundo.
La magistrada ha interrogado al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, imputado por haber conseguido, presuntamente, contratos del Ayuntamiento a cambio de regalos y pagos en metálico a Domingo Enrique Castaño, entonces asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Según González Palomo, Castaño le aseguró que 30.000 euros pagados por su empresa eran "para el partido".
El imputado desveló este dato ante la Guardia Civil y la juez Alaya y precisó que entregó un sobre con ese dinero después de tener varios contratos con el consistorio sevillano, por lo que afirmó que hizo el pago "a cambio de nada".
Además, la juez se interesó durante el interrogatorio por una serie de facturas que habían aparecido durante los registros a la vivienda de Castaño y de González Palomo. Se trata de unos gastos facturados por el PSOE de Sevilla que habrían sido finalmente abonados por la empresa, que recibía cuantiosas adjudicaciones de las administraciones gobernadas por los socialistas: el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación y la Junta de Andalucía.
Según fuentes del caso, algunas de esas facturas estarían vinculadas a una empresa fantasma, posiblemente radicada en un país sudamericano. Fuentes de la dirección del PSOE de Sevilla de esa época aseguran desconocer esa empresa y circunscriben cualquier irregularidad al grupo socialista del Ayuntamiento.