La Sala de lo Contencioso del TSJA emitió a lo largo de 2012 un total de 14 sentencias en las que dedujo testimonio contra los altos cargos de la Junta que aprobaron las ayudas por su "nulidad de pleno derecho" y por haber prescindido "total y absolutamente" del procedimiento.
La jueza instructora de los ERE ha abierto un anexo para aglutinar las 14 sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que acordó exigir responsabilidades penales a los altos cargos de la Junta que autorizaron las ayudas investigadas.
Se trata de sentencias dictadas en los "diferentes y numerosos recursos" presentados por beneficiarios de las ayudas contra la resolución de la Consejería de Empleo que les reclamó la devolución de las cantidades percibidas por haber sido incluidos en un ERE al que no tenían derecho.
"Todas estas sentencias han estimado los recursos, declarando nulas las resoluciones recurridas y acordando remitir testimonio a este juzgado para la exigencia, en su caso, de responsabilidades penales en las que hubieran podido incurrir las autoridades laborales que autorizaron la financiación pública de las pólizas", dice un auto al que ha tenido acceso Efe.
La juez Mercedes Alaya cita entre los denunciados a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, todos ellos ya imputados en una causa que acumula 123 acusados.
La Sala de lo Contencioso del TSJA emitió a lo largo de 2012 un total de 14 sentencias en las que dedujo testimonio contra los altos cargos de la Junta que aprobaron las ayudas por su "nulidad de pleno derecho" y por haber prescindido "total y absolutamente" del procedimiento.
Entre otros, recogió que "fallaron los controles de legalidad que incumben a la autoridad laboral, al autorizar la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos". Ahora, Alaya acuerda formar un anexo con dichas sentencias y las que previsiblemente se recibirán en el futuro en respuesta a otros recursos.
El auto, por otra parte, incorpora a la causa un desplegable entregado por la Junta con todas las ayudas de la dirección general de Empleo que han sido revisadas de oficio.
También acuerda, a petición del fiscal, recabar a la Cámara de Cuentas de Andalucía una información complementaria y los borradores que elaboraron los técnicos para su Informe de Fiscalización, con el objeto de "borrar la sombra de duda".
"Es claro que el mencionado informe es de suma importancia para la causa y de su propia lectura se deducen determinadas actuaciones que no deben permanecer ocultas", más aún porque la propia letrada jefe de la Cámara de Cuentas remitió posteriormente al juzgado un acta que "por error no se envió" con la entrega de diciembre de 2012.
Según el PP, dicho Informe de Fiscalización fue votado en el pleno de la Cámara de Cuentas del 12 de julio de 2013 "tras incluir numerosas modificaciones" al anteproyecto, supuestamente más crítico hacia el Gobierno de la Junta.
Ahora, Alaya pide a la Cámara de Cuentas, entre otros, los trabajos de campo del equipo técnico, las conclusiones de los técnicos en auditoría y, en relación con el "primer borrador para revisión del consejero", de fecha 16 de mayo de 2012, que se aporten las conclusiones y los memorandos de trabajo de los técnicos.
Una vez recibida esta documentación, la juez resolverá sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que declaren como testigos los miembros del Equipo Técnico.