La productora de la popular serie Isabel pidió permiso a la Dirección de Patrimonio, Museos y Archivos del Ayuntamiento de Barcelona para rodar algunas escenas en varios puntos del Museo de Barcelona, un permiso que el director de esta institución negó dicho permiso y lo hizo excusándose en "el desencuentro entre la esencia del rigor histórico del museo y la difusa línea entre la realidad y ficción".
Para los servicios jurídicos de Denaes estas razones para la negativa podrían constituir sendas vulneraciones de los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan, respectivamente, la igualdad de todos los españoles ante la Ley sin que quepa discriminación por razones como la opinión; y el derecho fundamental a la libertad ideológica.
Desde Denaes se considera, por tanto, que negar el uso de un edificio público por "consideraciones de discrepancia política, ideológica o historiográfica" podría suponer que el alto cargo del ayuntamiento barcelonés hubiese incurrido "en un delito de prevaricación de Autoridad pública" tal y como lo recoge el Artículo 404 del Código Penal al haber dictado una resolución arbitraria "a sabiendas de su injusticia".
Además, la fundación también cree que se podría haber incurrido en un delito tipificado en el artículo 511.3 del Código Penal pues se habría "denegado una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias (…)" .
Responsables de Denaes, con su presidente Santiago Abascal a la cabeza, han puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estos hechos para que se practiquen las "oportunas diligencias de investigación".