La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tuvo ayer una tensa sesión del caso de los ERE. Antonio Lozano Peña, ex número dos de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, protestó por el trato que le daba la juez que le acusó de "hacer teatro" y no querer declarar, cosa que al final, se consumó.
Su abogado, José María Mohedano, no paraba de hablarle y hacer gestos, tirarle de la chaqueta y otras muecas, lo que llevó a que la juez le llamara la atención. Por fin, la juez desvelaba que en el caso de los ERE, la Junta podría haber falseado presupuestos para ocultar la realidad del "fondo de reptiles".
El documento de la declaración firmada de Lozano Peña, que obra en poder de Libertad Digital, lo expresa con suma claridad. Estos son los pasajes fundamentales.
El falseamiento de los presupuestos
El texto en que la juez expone su razonamiento es el siguiente: "...lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Es más, para que este sistema de transferencias de financiación funcionara, el Sr. Lozano Peña participaría activamente en alterar la realidad presupuestaria, concretamente en el presupuesto de IFA, simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación, y ello en la partida denominada "Otros gastos de Explotación" a la que se alude en los expedientes de modificación presupuestaria."
Con la acusación de que la Junta simuló sus presupuestos para dar cobertura a las modificaciones presupuestarias que "cebaban" el fondo de reptiles, la juez responde a la línea de defensa de Manuel Chaves, Griñán y la Junta en general de que el fondo de reptiles era legal porque era un fondo que constaba en los Presupuestos y firmado por el Parlamento.
La Junta no quiso aplicar la Ley de Subvenciones a lo que eran sencillamente subvenciones por los controles que exigía y adoptó este sistema opaco, sin publicidad ni transparencia para ayudar a empresas "amigas", a zonas electoralmente rentables para el PSOE, como la Sierra Norte de Sevilla o las comarcas de Jaén, o salvar situaciones críticas en las empresas públicas mal gestionadas.
Por ello, la consejería de Empleo concedía las subvenciones, pero no las pagaba sino que trasladaba el dinero de la consejería al Instituto de Fomento de Andalucía(agencia IDEA después) para que se hiciera desde allí, ya sin controles ni sometidas a la Intervención. Pero según la juez esas "transferencias de financiación" sólo podían ser utilizadas para cubrir las pérdidas de la entidad.
La pregunta clave de la juez fue: "¿Es cierto que... las transferencias de financiación que tienen como destinatarias las empresas publicas como IFA/IDEA, son créditos destinados a efectuar pagos para la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores?". El imputado Lozano respondió que sí era cierto.
Y la remataba de este modo: "¿Es cierto de acuerdo con lo anterior que las transferencias de financiación no pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones?". Y contestó Lozano que "es cierto que no pueden".
Finalmente, Alaya imputó por prevaricación y malversación de fondos a Lozano,
Bronca entre el imputado, su abogado y la juez
La primera fue porque el imputado quiso dictar sus respuestas. "Por el imputado se solicita dictar sus respuestas. Por S.Sº por razones de agilidad y porque es ella la que tiene la pantalla delante se informa al imputado que como viene haciéndose en todos los procedimientos será S.ª la que recoja las manifestaciones del imputado sin perjuicio de que en cada momento que él lo considere conveniente pueda solicitar a S.Sª la lectura del contenido de la respuesta"·. La juez dijo que no era lo habitual y que podía firmar o no su declaración al final.
Pero el letrado Mohedano insistió en ello: "Por el Sr. Letrado se realiza protesta manifestando que el art. 397 de la L. Enj. Criminal afirma clara e imperativamente que el procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones".
Entonces, el imputado decide no prestar declaración y la juez pregunta si dictando las respuestas, la prestará. Lozano Peña responde que sí y se continúa el procedimiento.
Pero la juez, poco después, le dijo al imputado Lozano, tras una serie de respuestas de éste, que estaba haciendo teatro y que si no quería declarar que no lo hiciera. Entonces, hubo una nueva tensión: "Por el Sr. Letrado (Mohedano) se quiere hacer constar que S.Sª le ha dicho al imputado que estaba haciendo teatro. Por S.Sª se hace constar que efectivamente se le ha hecho el comentario al Sr. Lozano que con la referencia a la merma de su garantía y con el anuncio antes del receso de que no iba a seguir declarando por tal motivo que "estaba haciendo teatro" pero que estaba en su derecho a hacerlo."
Y durante todo el acto, la juez reprochó a Mohedano su comportamiento. Enla pregunta número 6, la juez lo hace por vez primera: "En este momento se llama al orden al letrado para que no vuelva a interrumpir el interrogatorio dirigiéndose a su cliente".
Y luego, en la pregunta número 8: "Nuevamente se llama al orden al Sr. Letrado porque le está tocando la chaqueta al imputado. Se le pide que deje de interrumpir los interrogatorios y que juegue limpio. Por el letrado se manifiesta que no ha interrumpido, que no ha tocado la chaqueta y que no acepta que se le diga que juegue limpio. S.Sª le ordena que se separe algo mas de su defendido."
Finalmente, Lozano dejó de declarar: "Por el imputado se manifiesta que con el debido respeto, por considerar que tal y como se está produciendo la declaración y entender que no se están respetando sus garantías, se acoge a partir de este momento a su derecho de no declarar. En cuanto a la falta de respeto de garantías por la Sra. Secretaria se quiere hacer constar que desde el inicio de la declaración se han respetado todos los derechos del imputado a quien incluso se le ha permitido en todo momento dictar por si mismo las respuestas al funcionario del cuerpo de tramitación".