La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este viernes a la diligencia propuesta por una de las acusaciones populares -la asociación Observatori DESC- para que el Ministerio de Fomento entregue los expedientes de los concursos concedidos entre 1990 y 2012 que suscribió con doce empresas que figuran como presuntos donantes en el caso Bárcenas.
En el escrito presentado ante Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral considera que es "inútil, impertinente y perjudicial para el desarrollo de la instrucción" solicitar dichos documentos.
La Fiscalía argumenta que si las doce empresas, supuestas donantes del PP, tuvieran que aportar todos los concursos o contratos cerrados con la administración publica, en concreto con el Ministerio de Fomento, durante las últimas dos décadas, se retrasaría considerablemente la investigación judicial en un tiempo nunca inferior a un año.
Romeral precisa que los documentos requeridos –aunque desconoce la cifra exacta estima que "desde luego más de 2000"- "sólo estarían justificados por la existencia de indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen o den crédito a los mismos".
Además, el fiscal Antonio Romeral recuerda que se está a la espera de que los peritos judiciales emitan un informe donde se narren las supuestas conexiones entre las donaciones al PP y las adjudicaciones públicas obtenidas por la docena de empresarios imputados en el caso de los "papeles de Bárcenas".
Colaboración con Suiza
Por otro lado, el extesorero del PP ha enviado un escrito a Ruz donde asegura que está dispuesto a colaborar con la Justicia de cara al próximo viaje que llevará a cabo el instrucción y el fiscal a Berna (Suiza). Una comisión judicial se desplazará este martes al país helvético para reunirse allí con el representante legal de Luis Bárcenas.
En el documento, su abogado, Javier Gómez de Liaño, explica que "como demostración de la predisposición del señor Bárcenas a colaborar el máximo en la instrucción del procedimiento y, por consiguiente acreditar que muy lejos de su ánimo está el que hacer cualquier maniobra o actos encaminados a la ocultación, alteración o destrucción de prueba" se ha solicitado a Jean Marc Carnicé –representante legal- que colabore con la justicia española.
Por último, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha confirmado este viernes la fianza de 43,2 millones de euros impuesta al exsenador popular en concepto de responsabilidad civil. Contra esta decisión no cabe recurso.