El Ministerio de Hacienda no va a ofrecer dato alguno sobre la herencia suiza que el Rey recibió de manos de su padre porque se trata de información reservada, pero apunta que las leyes tributarias obligan a todos los españoles por igual, incluido el monarca.
Después de que El Mundo publicara que el Rey recibió 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) cuando falleció su padre, don Juan, a través de cuentas suizas, y de que Libertad Digital desvelara las circunstancias que rodearon el traspaso de dicha herencia, fueron diversos los grupos parlamentarios que registraron preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno.
Así, desde el PSOE, el portavoz de Hacienda, Pedro Saura, quería saber qué información podía facilitar el Gobierno acerca del patrimonio que había dejado herencia el Conde de Barcelona a su fallecimiento. En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que esa información, al tener carácter tributario, está sujeta a la reserva del artículo 95 del Ley General Tributaria, "por lo que no se puede comentar ni opinar nada al respecto".
De acuerdo con el citado artículo, "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto".
Pero, además, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, a través de su diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, pedía al Gobierno que le especificara las medidas que pensaba adoptar para garantizar que el jefe del Estado tribute a la Hacienda española "por todos sus bienes, incluidos los que se encuentren en entidades financieras en el extranjero".
Sobre este interrogante, el Gobierno subraya que la Constitución establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y, por tanto, las normas tributarias españolas "obligan y son de aplicación a todos los ciudadanos", de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución.