La militancia en el PP del actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, entre 2008 y 2011, ocultada durante su comparecencia de evaluación en el Senado, ha suscitado una gran polémica dentro y fuera del Alto Tribunal. Hasta el punto de que es un hecho que puede condicionar la actividad futura del máximo intérprete de la Carta Magna, ante el que se han presentado varios recursos acogiéndose a la militancia popular de Cobos, entre ellos el del ex juez Baltasar Garzón y el del líder de Batasuna Arnaldo Otegi.
El pleno el TC ya ha rechazado los del Gobierno y el Parlamento de Cataluña por hasta 26 recursos de amparo que afectan a materias diversas como la Ley Audiovisual de Cataluña, las tasas judiciales o la Ley de Costas.
En la sesión el pasado 17 de septiembre hubo dos votos particulares discrepantes, emitidos por los magistrados Fernando Valdés y Luis Ortega, señalando que la militancia en el PP de Pérez de los Cobos, dañaba al propio TC. Ambos fueron nombrados a propuesta del PSOE, como otros de sus compañeros a propuesta del PP, y son considerados genéricamente en la prensa como progresistas.
Otro de los datos del currículum de Cobos que el diario El País ha aireado con profusión, además de su militancia en el PP catalán, son su labor como asesor de la Organización Internacional el Trabajo o, incluso, su asistencia a seminarios de FAES, la fundación del expresidente José María Aznar. Sin embargo, ni Valdés ni Ortega presentan una trayectoria, al margen de sus méritos como juristas, completamente desligada de siglas algunas. Ambos han colaborado de manera activa, reiterada y sostenida en el tiempo con la Fundación Pablo Iglesias, a la que da nombre el fundador del PSOE y que preside el ex vicesecretario general y ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.
Una colaboración que incluye asistencia a conferencias con cargos socialistas y, en el caso de Luis Ortega, artículos de su puño y letra en la revista Leviatán e incluso la autoría de libros editados por la Fundación. Este último, en su amplio escrito (14 folios) en el que expone su voto particular favorable a la recusación del presiente del TC, se cuida mucho de no ir más allá de la militancia de Cobos como base argumental, al tiempo que incurre en la siguiente digresión:
"Posiblemente es legítimo interpretar que nuestra Constitución configura al TC como un órgano político […] con una designación basada de forma relevante en criterios de afinidad política […] en lo que a mí respecta me aparto decididamente de ese modelo"
Unas palabras de las que cabe deducir que sus extensas colaboraciones con la Fundación socialista no habrían influido, siquiera mínimamente, en su nombramiento.
Obra sobre los socialistas y la Constitución
Luis Ignacio Ortega Álvarez, nacido en 1953, es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1988 catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha. Entre su amplia actividad investigadora y docente figuran tres libros editados por la Fundación Pablo Iglesias, el último en 2006 sobre los estatutos de autonomía. Dos años antes, y en colaboración con Pablo Santolaya, publicó "Nuestra Constitución" obra presentada por el presidente de la Fundación, Alfonso Guerra. En solitario publicó en 1999, de nuevo con prólogo de Guerra, la obra "Los Socialistas y la Constitución", una compilación de las intervenciones de los parlamentarios del PSOE en el debate constitucional de 1978, con la intención, según la reseña de la propia Fundación, de mostrar cómo "los socialistas participaron en el debate como valedores de la Libertad y la democracia".
Su firma también aparece en dos números de la histórica revista Leviatán de pensamiento socialista. En concreto en el 38 y el 74, correspondientes a los años 1989 y 1998. En el primero de ellos se define abiertamente como socialista y reflexiona sobre la estrategia que el partido debe seguir tras dos legislaturas en el poder. Dos mandatos en los que el propio Luis Ortega ejerció como Director General del Departamento de Asuntos Institucionales de Presidencia y responsable de la asesoría jurídica del presidente el Gobierno, Felipe González.
En el segundo de esos artículos había pasado casi una década y los socialistas habían perdido el poder por primera vez en democracia. El texto, titulado "Alternativas de descentralización autonómica", es una reflexión sobre el proceso autonómico por momentos muy crítico con el nacionalismo catalán, entonces socio principal del Gobierno del PP. Sostenía Ortega que "no es comprensible que unos territorios que se afirman en su historia quieran negársela a otros" para concluir así:
"Entender, por tanto, que el Artículo 150.2 es la vía para mantener abierta de forma permanente el sistema constitucional de distribución de competencias hasta el agotamiento de todas aquellas competencias que por su naturaleza fuesen intransferibles, supone una reforma constitucional encubierta que hurta el necesario debate democrático que conlleva el procedimiento formal de reforma constitucional".
Mucho más discreta es la colaboración con la Fundación Pablo Iglesias de Fernando Valdés, quien en 2010 participaba en un acto sobre la presidencia española de la UE, que en ese momento ostentaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Distinto también fue su voto particular, en el que asegura que la exigencia de nombrar para el TC a "juristas de reconocida competencia" como obliga la Constitución "no agota o absorbe el perfil de la personalidad el magistrado elegido, que, al acceder al alto cargo, ya cuenta con un relevante patrimonio de ideas y valores que en modo alguno puede dejarse de hacer presente en el ejercicio de la función jurisdiccional" aunque, añadía en su razonamiento: "la confianza dela ciudadanía exige extremar, con exquisito rigor, las garantías de imparcialidad".