Los empleados públicos de la Junta volverán a ver recortados sus salarios. Aunque la flamante consejera de Hacienda, la médico María Jesús Montero, no ha desvelado cómo será el presupuesto, El País ya aclara que en los dos grupos que apoyan al Gobierno (PSOE e Izquierda Unida) se da por hecho que en 2014 los funcionarios tampoco cobrarán los complementos de las pagas extras de verano y navidad, como ya ocurrió los últimos dos años.
La Junta ha ahorrado con esta medida en 2013, 322 millones de euros del capítulo 1, relativo a gastos de personal. El recorte afecta, pues, al 5% del salario bruto anual de los funcionarios, que llevan cuatro años de congelación salarial y que han perdido un 30% de su poder adquisitivo. El Sindicato Andaluz de Funcionarios habla de "linchamiento" mientras se gastan 840 millones en el sostenimiento de la administración paralela.
Como es habitual, la Junta achaca los recortes a que el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 tendrá, como mínimo, 1.200 millones de euros menos que ahora, tanto por la disminución de las partidas procedentes del Estado como por la obligatoriedad de alcanzar un déficit del 1%.
La inversión autonómica, de nuevo, junto con los funcionarios y empleados públicos, será otra de las sacrificadas como viene ocurriendo desde que estalló la crisis. En 2013, retrocedió a los niveles de 2004 y se paralizó toda la obra nueva a pesar de que el gobierno Rajoy ha cumplido con las inversiones en Andalucía que fija el Estatuto.
Los funcionarios en contra
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha mostrado ya su más absoluto rechazo a la nueva congelación de los salarios de los funcionarios públicos en 2014 y ha presentado un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, para exigir una reunión de la Mesa Sectorial de Negociación con carácter urgente para tratar el régimen retributivo de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía en 2014 y la recuperación de la paga adicional tras el levantamiento recogido en la Ley 3/2012.
SAF recuerda en su escrito que la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 4 de Ámbito temporal que "las medidas en materia de personal contenidas en este capítulo tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013.
Al término de esta fecha, se revisarán todas las medidas propuestas en esta Ley y se estudiará el levantamiento de la suspensión, en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Con un 30% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, con recortes salariales y supresión de paga extra, y cuatro años de congelación salarial, el Sindicato mayoritario en la Administración General de la Junta advierte que los agresivos recortes sufridos por los funcionarios marcarán un nuevo calendario cargado de protestas y denuncias para este otoño.
SAF denuncia la evidente discriminación padecida por los funcionarios de la Junta, únicos en España que están soportando los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2013, así como la pérdida total de las ayudas de acción social. Además, el Sindicato recuerda que los funcionarios andaluces tienen los complementos retributivos más bajos de España.
Aún así no se recorta en subvenciones a sindicatos
El Sindicato Andaluz de Funcionarios afirma que las medidas de ahorro y austeridad deben dirigirse de una vez por todas al cierre de las arcas públicas ante las excesivas subvenciones a sindicatos, a la monumental e injustificada administración paralela, sustitutiva de la Función Pública, y a los desorbitados sueldos de altos cargos, por ejemplo.
SAF dice estar dispuesto a llegar a acuerdos reales y serios, pero no puede tolerar el linchamiento al que está sometido el funcionario en Andalucía y denunciará cualquier medida fuera de la legalidad que continúe azotando al garante de los servicios públicos. Asimismo, el Sindicato estará alerta a las informaciones del nuevo equipo de Gobierno andaluz y, como siempre, está trabajando para defender los derechos de los funcionarios públicos y que no continúen convirtiéndose en el centro de la diana en época de crisis.
La reducción de las pagas adicionales es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit. Con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10% de las percepciones variables, se preveía ahorrar, tal y como matiza el Plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros, justificándolo ante los medios de comunicación en la necesidad de mantener a 25.000 trabajadores del sector público autonómico.
Justificación que no tiene razón de ser, pues el coste del mantenimiento de dicho personal perteneciente a la denominada Administración paralela es de más de 840 millones de euros anuales, por lo que el recorte previsto apenas da para pagar el 15 % de dicho personal.
Efectos colaterales como la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores. Así lo ha advertido SAF en numerosas ocasiones, denunciando ante la Junta de Andalucía que no repare en gastos a la hora de crear nuevas Agencias y estructuras, de mantener edificios administrativos en propiedad y en alquiler, algunos vacíos, o de reducir mínimamente el número de asesores.