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La juez Alaya mantiene que la trama de los ERE fue una decisión política

En un auto, la juez reitera que el sistema fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta de Andalucía.

LD / agencias
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La juez instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha rechazado abrir piezas separadas para cada empresa investigada y ha reiterado su creencia de que el sistema fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta de Andalucía y por una decisión política.

La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza la petición de la empresaria Encarnación Poto Monge de abrir una pieza separada para el ERE de su empresa, Aceitunas y Conservas (ACYCO), con objeto de evitar las dilaciones previsibles en una causa que ya acumula 123 imputados.

Según la juez, el nexo entre todos los expedientes investigados no es solo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, pues este ex alto cargo "ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables a mayor escala, un sistema que respondía a una decisión política y que se crea, indiciariamente, en vía presupuestaria".

Por tanto, no sería Guerrero "el único responsable de las transferencias de financiación, y por consiguiente de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención".

El abogado de Poto Monge, Javier Gimeno Puche, había pedido que se cerrase el sumario referido a ACYCO porque su defendida "tiene todo su exiguo patrimonio embargado, hasta la pensión de jubilación, quiere que todo esto termine, quiere ser juzgada" y "no quiere verse sometida a dilaciones indebidas".

Añade que, desde que declaró ante Alaya hace más de un año, "ni una sola diligencia se ha practicado en relación a ACYCO" y la situación puede empeorar pues se está dando entrada a imputados que pueden ser aforados y la causa puede acabar instruyéndose en el Tribunal Supremo en Madrid.

A su juicio, el ex director general Guerrero es el único nexo entre las ayudas a ACYCO, al restaurante Río Grande, a Aglomerados Morell, a la Sierra Norte de Sevilla y resto de ERE, por lo que "ha llegado el momento, antes de que el asunto se marche fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma Andaluza, de separar las distintas piezas que nada tienen que ver unas con otras".

Gimeno Puche pide que "no se conculque el derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas" de cuya denuncia deja constancia desde este momento, añade en su escrito.

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