Así lo recoge este miércoles el diario El Mundo. Según esta información el exjuez Baltasar Garzón ha conseguido que el Tribunal Supremo reste a los 11 años de condena por inhabilitación que pesan sobre él, los casi dos años (22 meses) que estuvo suspendido. De esta manera, logra reducir su condena. Claro que, al considerarse inhabilitación ese tiempo, Garzón está obligado a devolver los emolumentos cobrados del erario público durante ese periodo. Un montante que supera los 70.000 euros.
En cambio, el juez ha decidido demandar al Ministerio de Justicia ya que pretende quedarse con el importe de las nóminas que cobró durante ese tiempo. Ha pedido al Tribunal Superior de Madrid que, mientra resuelve su recurso, le suspendan cautelarmente el pago alegando que "no cuenta con la suma reclamada". La sala le ha exigido una caución por 80.000 euros.
Garzón fue condenado el 9 de febrero de 2012 por prevaricación y delitos contra las garantías constitucionales de abogado y su cliente al interceptar las entrevistas que se celebraron en prisión de los imputados del caso Gürtel. Pero Garzón ya se encontraba suspendido cautelarmente de sus funciones, por lo que a partir de esa fecha y hasta marzo de 2012, en que fue firme la condena, percibió tal como marca la ley, sus retribuciones básicas como juez central de instrucción: 7.154,64 euros.
A petición del propio Garzón, la sala de lo Penal del Supremo accedió a computarle la pena de inhabilitación desde mayo de 2010 (cuando comenzó sus suspensión), lo que le adelantaba el fin de la condena hasta mayo de 2021. Pero, el director general de Justicia remitió un oficio al exjuez para que devolviera el dinero percibido durante los 22 meses de suspensión provisional, puesto que se le habían descontado de la condena y, en situación de inhabilitado, ya no pertenecía a la carrera judicial, por lo que no tenía derecho a la retribución.
Garzón dijo que el requerimiento de Justicia le provocaba un "grave perjuicio" porque según su escrito, el juez "no cuenta con la suma reclamada". El pasado 23 de septiembre el TSJM accedía a suspender cautelarmente el requerimiento del pago. Esta decisión se ha tomado en contra del criterio del abogado del Estado que recuerda que las resoluciones administrativas tienen presunción de legalidad, pero el TSJM se ha mostrado comprensivo con Garzón y ha accedido a suspender el requerimiento sin hacer averiguaciones sobre la veracidad de la maltrecha situación económica que atraviesa el exjuez, según su propio testimonio. Tampoco hace alusión a los más de medio millón de euros que tenía el juez durante los años 2005 y 2006 acreditados por el Supremo en la investigación del caso de los pagos de Nueva York.