Del matrimonio Méndez-Gálvez el personaje conocido y protagonista de la actualidad sindical del último cuarto de siglo en España es Cándido, secretario general de UGT. Sus 35 años viviendo de UGT -20 de los cuales, como secretario general del sindicato- lo han convertido en un personaje conocido que este miércoles volvía a ser actualidad después de que la operación Heracles impulsada por la Juez Alaya diera como resultado la detención de varios sindicalistas acusados de corrupción. Sin ir más lejos, el propio Méndez tuvo que salir este domingo al paso de las acusaciones y decir que "los compañeros de Andalucía comparecerán públicamente para explicar todos los extremos y si hubiera algo que han hecho mal lo reconocerán", aunque ha remarcado que cree que la gestión se ha hecho de manera correcta.
Pero precisamente, este miércoles también conocíamos, gracias a una información publicada en el diario La Razón, que la Universidad pública madrileña de Alcalá mantenía unas subvenciones para sus empleados que resultan ilegales según el artículo 21.7 de la ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado 26 de diciembre. En virtud de esta normal:
"Durante el año 2013 queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal de servicio al sector público".
Pese a la orden de suspensión de la ley de Presupuestos regional, la Universidad de Alcalá incluye un apartado de Ayuda Social y Formación con un importe de gastos de casi 800.000 euros, de los cuales, 365.000 van destinados a beneficios sociales para los trabajadores. En su reglamento de "Acción Social" la universidad concede privilegios y parabienes a sus empleados englobados dentro de ese concepto de "beneficios sociales" que prohíbe la normativa autonómica. La Universidad de Alcalá destina los otros 431.000 euros a sufragar distintos tipos de indemnizaciones y préstamos a corto plazo y en condiciones ventajosas para el personal de la universidad.
Llama la atención que, precisamente, la secretaria del Consejo de Representantes del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá de Henares sea Encarnación Gálvez Merino, esposa del secretario general de UGT, Cándido Méndez, con el que además de hogar, comparte también la pertenencia a la Ejecutiva de UGT. Así pues, Cándido es marido y jefe de Encarnación.
Un mal ejemplo
Según la información de La Razón, de las seis universidades públicas madrileñas la de Alcalá es la única que ha mantenido estas ayudas que disfrutan los 2.500 trabajadores del centro educativo. Las prestaciones pasan por la cobertura del 100% del coste de los estudios universitarios a aquellos empleados que quieran ampliar su formación y el pago de intervenciones médicas. Los empastes, limpiezas dentales, gafas o calzado ortopédico también está contemplado entre estas ayudas.
Unas ayudas que contrastan, según decía este martes el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con la situación límite de las universidades. González señalo que "si en estos momentos todos estamos haciendo unos ajustes importantes y estamos priorizando lo que realmente tenemos que hacer que es destinar los recursos a la formación de los alumnos, que se estén dedicando o desviando dineros de la universidad a otro tipo de prestaciones que no son prioritarias y que, además, no tienen encaje en las previsiones de gasto que establece la normativa, me parece mal y me parece un mal ejemplo".