El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará si las salidas de fondos de las cuentas de Aizoon, empresa propiedad de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, corrían a cargo de la hija del Rey, para lo cual ha solicitado a tres entidades bancarias que le proporcionen información sobre los movimientos registrados en esas cuentas.
Así lo ha acordado este jueves mediante una providencia con la que da respuesta a una solicitud de la Agencia Tributaria (AEAT), que requiere estos datos para poder determinar el destino exacto que se dio a los fondos de Aizoon, más en concreto si éstos fueron a parar a las obras de rehabilitación del conocido como palacete de Pedralbes o a otras atenciones personales y familiares de la Infanta.
La petición se produce después de que el juez haya incorporado a la causa la información remitida por una entidad bancaria según la cual fueron traspasados desde la mercantil Aizoon, integrante del entramado Nóos, hasta un total de 150.000 euros que fueron a pasar a una cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarín y autorizada la Infanta.
Una vez reciba el resto de documentación, Castro decidirá en próximas semanas si archiva definitivamente las investigaciones en torno a la Infanta o si, por el contrario, acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto.
La posible imputación, en el aire
En concreto, la AEAT remitió un oficio al magistrado en el que exponía que, a fin de cumplimentar debidamente el informe sobre el destino del dinero de Aizoon, se le permitiera dirigirse a los bancos para reclamarles los extractos de movimientos que impliquen salidas de fondos así como de los cargos de las tarjetas de crédito y débito que pudieran estar asociadas a las cuentas en cuestión, abiertas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), La Caixa y en el Privat Bank Degroof.
Los investigadores apuntan a que tanto Urdangarín como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
Según postulan, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
De hecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares incidía en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
El juez José Castro está a la espera de recibir numerosa documentación antes de decidir si vuelve a imputar o no a la infanta Cristina. Antes de ello, el instructor preguntará a las acusaciones si consideran oportuna que la hija mediana del Rey declare como imputada en su juzgado. Estos trámites podrían durar semanas.